El presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Alberto Berger Vigueras, declaró que el proceso judicial relacionado con el desalojo de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco del inmueble perteneciente a la Beneficencia Pública de Huánuco ya culminó, encontrándose actualmente en etapa de ejecución de sentencia.
De acuerdo con lo manifestado por Berger Vigueras, el Poder Judicial ya agotó todas las instancias de análisis y decisión dentro de este expediente, por lo que “ya no se discute el fondo del caso” en la Corte Superior de Justicia de Huánuco. En ese sentido, sostuvo que las resoluciones judiciales deben acatarse “nos guste o no nos guste”, subrayando que el fallo se emitió sobre la base de los elementos de juicio evaluados durante el proceso.
El titular de la Corte también afirmó que la decisión judicial se adoptó sin intervención ni influencia externa, aunque reconoció que el resultado no ha sido bien recibido por parte de las autoridades del sector Salud, quienes —según sus declaraciones— deberán dejar las instalaciones del inmueble en cumplimiento del mandato judicial.
Plazo de desalojo
En relación con la ejecución del fallo, Alberto Berger Vigueras señaló que, conforme a la información conocida públicamente, existe una resolución que establece un plazo de seis días hábiles para que se concrete el desalojo. No obstante, precisó que el seguimiento de los plazos y las actuaciones procesales corresponde exclusivamente al juzgado encargado de la ejecución, y no a la Presidencia de la Corte.
Berger reiteró en varias oportunidades que no puede intervenir ni influir en los procesos judiciales en trámite, ni emitir disposiciones para ampliar plazos o modificar lo resuelto. Indicó que cualquier pedido adicional o solicitud relacionada con el caso debe ser presentada en el propio juzgado donde se ejecuta la sentencia.
Consultado sobre la posibilidad de diálogo, el presidente de la Corte manifestó que no ha sostenido reuniones con representantes de los sectores que vienen expresando su rechazo al desalojo, explicando que no ha recibido solicitudes formales para ello. Sin embargo, afirmó que su gestión mantiene una política de puertas abiertas, siempre aclarando que el diálogo no implica interferencia en decisiones judiciales ya adoptadas.
Reclamos trasladados a la Beneficencia
Respecto a las protestas y reclamos del personal vinculado a la Diresa, Berger Vigueras sostuvo que, al haber concluido el proceso judicial, cualquier gestión o negociación debe realizarse directamente con la Beneficencia Pública de Huánuco, entidad que —según explicó— es la parte demandante y propietaria del inmueble.
El magistrado señaló que incluso los argumentos relacionados con la importancia del servicio de salud ya fueron evaluados dentro del proceso judicial, motivo por el cual —de acuerdo con su versión— la vía legal en ese expediente se encuentra agotada. En ese contexto, insistió en que el Poder Judicial ya no tiene competencia para revisar o reconsiderar el caso.
Las declaraciones de Berger se producen en un escenario de manifestaciones frente a la sede judicial, situación que, según el propio presidente de la Corte, constituye un derecho ciudadano siempre que se realice de manera pacífica. No obstante, advirtió que dichas protestas no modifican el estado legal del proceso.
Finalmente, Berger Vigueras rechazó emitir recomendaciones a otras autoridades y se limitó a reiterar que el Poder Judicial ya cumplió su rol, dejando abierta una controversia pública sobre el impacto social del desalojo, los canales de negociación posibles y el riesgo de desinformación en torno a plazos y competencias institucionales.
