El Comando Sur de Estados Unidos informó que ejecutó un nuevo ataque contra una embarcación que, según su inteligencia, operaba en una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental. El resultado, de acuerdo con el reporte oficial, fue la muerte de cuatro personas a bordo, descritas por Washington como presuntos “narco-terroristas”.
Este episodio se inscribe en una campaña que la administración estadounidense ha venido intensificando desde septiembre, con un saldo que ya supera las dos decenas de embarcaciones destruidas y un conteo de fallecidos que ronda el centenar, según balances recogidos por medios y agencias.
El anuncio ocurre, además, en un contexto de creciente tensión en el eje EE. UU.–Venezuela, donde el uso de fuerza militar en aguas internacionales y las medidas de presión política han abierto cuestionamientos sobre legalidad, control democrático y objetivos estratégicos de la operación.
Según la comunicación difundida por el Comando Sur, la embarcación atacada habría estado involucrada en operaciones de tráfico de drogas en una ruta conocida del Pacífico oriental. La confirmación se difundió por canales oficiales y fue replicada por agencias internacionales, que precisan que se trata de un nuevo strike letal dentro de una cadena de operaciones similares.
De acuerdo con Associated Press, este ataque se contabiliza como el número 26 dentro de la campaña de interdicción marítima con uso de fuerza letal, y el acumulado de fallecidos se ubica en al menos 99 personas desde que se inició el patrón de bombardeos. Reuters también reportó el hecho como una operación confirmada por el propio Comando Sur.
Los reportes periodísticos señalan que Estados Unidos no siempre ha presentado evidencia pública detallada sobre cada caso (más allá de videos o comunicados), un punto que alimenta la controversia en torno a los estándares de verificación y la rendición de cuentas cuando se emplea fuerza militar fuera del territorio estadounidense.
Debate político en Washington
La escalada de ataques también ha provocado una disputa interna en Estados Unidos. El 17 de diciembre, la Cámara de Representantes rechazó resoluciones impulsadas por demócratas que buscaban limitar o condicionar la continuidad de las acciones militares, invocando el marco de la War Powers Act y el rol del Congreso en autorizaciones de hostilidades prolongadas.
El debate no es solo procedimental. Legisladores críticos han cuestionado la legalidad y la proporcionalidad de ataques que terminan con muertos en embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico, así como la falta de transparencia sobre ciertos episodios previos. Mientras tanto, defensores de la política sostienen que se trata de una estrategia necesaria para frenar flujos criminales y golpear redes transnacionales por vía marítima.
A la par, la cobertura internacional ha remarcado que, aunque la Casa Blanca enmarca la campaña como “antinarcóticos”, el contexto geopolítico —con Venezuela como foco— hace que cada ataque sea leído también como parte de un pulso político regional que excede la lucha contra la droga.
Tensión con Venezuela
En las últimas semanas, Washington ha endurecido su discurso y medidas en torno a Venezuela. El Departamento de Estado anunció la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, efectiva desde el 24 de noviembre de 2025, dentro de una narrativa que vincula crimen organizado, Estado y amenazas transnacionales.
En paralelo, Reuters reportó que la tensión escaló tras anuncios estadounidenses sobre restricciones/bloqueos vinculados a embarcaciones petroleras sancionadas, mientras voces regionales —como la presidencia de México— llamaron a evitar violencia y a privilegiar vías diplomáticas.
En este clima, el presidente Donald Trump dio un mensaje televisado el 17 de diciembre de 2025 centrado principalmente en asuntos internos (economía y agenda doméstica), y la prensa estadounidense destacó que omitió referencias sustantivas a la creciente tensión con Venezuela.
