Con el comercio de fin de año en su punto más crítico, la Municipalidad Provincial de Huánuco vuelve a hacer lo que mejor sabe: improvisar, contradecirse y trasladar su incapacidad de gestión a la ciudadanía. La confirmación tardía de la Feria Navideña en la Alameda de la República no es una buena noticia; es la prueba más reciente de un gobierno local que decide sin rumbo claro y habla sin una sola línea coherente.
Durante días, los propios funcionarios municipales negaron la autorización a los feriantes, pese a que estos habían cumplido con los requisitos exigidos. Hubo reclamos, denuncias públicas y un ambiente de incertidumbre que afectó directamente a cientos de familias que dependen de estas ventas estacionales. Solo después de la presión social, el alcalde Antonio Jara salió a desdecir a su propia gestión y anunció que la feria sí se realizará,
“como todos los años”. ¿En qué quedamos entonces: había impedimentos técnicos o solo desorden administrativo?
El alcalde intenta vestir de formalidad una decisión que huele a parche. Habla de reuniones, actas y coordinación con Fiscalía, Policía y Subprefectura, como si eso bastara para borrar el caos previo. Pero la realidad es que el municipio actuó tarde y mal. Autorizar una feria a última hora, en fechas cerradas y sin margen de corrección, no es planificación: es reacción forzada.
Más preocupante aún es el discurso del “blindaje anticoima”. El propio alcalde siente la necesidad de aclarar que el cobro será según el TUPA y que no habrá pagos externos. Cuando una autoridad se esfuerza tanto en explicar que no habrá irregularidades, es porque el fantasma de estas ya ronda la gestión. El pago individual con DNI puede sonar a control, pero no reemplaza una fiscalización real y permanente.
Y es aquí donde el relato se cae por completo. Jara admite sin rodeos que el municipio no puede controlar el comercio ambulatorio fuera del perímetro de la feria. Reconoce que el desborde en veredas es “casi insostenible”. Es decir, autoriza el evento, cobra por él, firma actas y luego se lava las manos frente al principal problema: el caos en el entorno. ¿De qué sirve hablar de seguridad y orden si la propia autoridad acepta que no puede garantizarlo?
El alcalde pretende trasladar la responsabilidad a los dirigentes y feriantes, pidiéndoles que identifiquen quién es formal y quién no. Esa no es su función. El control del espacio público no es un favor ni una tarea compartida: es una obligación municipal. Delegarla es una confesión de incapacidad.
La mención final al caso “Chacra a la Olla” no ayuda. Al contrario, refuerza la sensación de que Huánuco repite un ciclo agotador: ferias que se autorizan sin control real, intentos fallidos de formalización y cierres temporales que no solucionan nada. Si el propio alcalde reconoce que la experiencia pasada fracasó en pocos meses, ¿por qué insiste en el mismo esquema?
