Washington sube el nivel de la guerra antidrogas. Estados Unidos designó al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), dos de las etiquetas más severas de su sistema de sanciones. La medida fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien describió al grupo como una estructura criminal “violenta y poderosa”, con miles de miembros, financiada principalmente por el tráfico de cocaína.
Según el comunicado oficial, la administración estadounidense atribuye al Clan del Golfo ataques contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, militares y población civil en Colombia. Con esta decisión, EE.UU. busca cortar financiamiento, perseguir redes de apoyo y ampliar el alcance legal y operativo contra quienes faciliten sus actividades ilícitas.
Además, Rubio advirtió que Washington usará “todas las herramientas disponibles” para proteger al país del narcotráfico, en una estrategia que incluye operaciones sostenidas en el Caribe y el Pacífico oriental.
Choque de enfoques
El anuncio llega en un momento delicado para el gobierno de Gustavo Petro, que impulsa conversaciones con grupos armados bajo su política de negociación. En ese marco, Colombia acordó la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para concentrar transitoriamente a integrantes del Clan del Golfo como parte del proceso. Los compromisos se firmaron el 5 de diciembre en Doha, Catar, y contemplan que las ZUT operen desde el 1 de marzo de 2026 en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba).
Las conversaciones, iniciadas en septiembre, cuentan con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países garantes y apuntan al desarme y a la pacificación de territorios bajo influencia del grupo.
¿Por qué es clave la designación?
Para Colombia, el Clan del Golfo es señalado como uno de los principales motores del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, con una capacidad de operación sostenida y control territorial. Informes oficiales citados en la nota lo ubican con entre 6.000 y 7.000 integrantes, mientras la organización intenta presentarse como actor “político” para exigir un trato similar al que recibieron antiguas guerrillas.
La decisión de Washington, sin embargo, tensiona la apuesta de diálogo de Petro y puede reconfigurar el tablero diplomático: mientras Bogotá empuja una ruta de negociación, EE.UU. eleva el caso al nivel de amenaza terrorista, con consecuencias directas sobre cooperación, presión internacional y el margen de maniobra del proceso.
