Con el comercio de fin de año en su punto más sensible, el alcalde provincial Antonio Jara contradijo a sus propios funcionarios ediles y confirmó que la Feria Navideña sí se realizará en la Alameda de la República, tal como se realiza todos los años en estas fechas. Aseguró que su autorización se definió bajo un esquema de “control” respaldado por varias entidades. Según declaró, la decisión se habría tomado en una reunión con participación de la Fiscalía de Prevención del Delito, Policía Nacional, Subprefectura Provincial y la Municipalidad Provincial de Huánuco, además de la firma de un acta de compromiso con las cuatro asociaciones de feriantes que intervendrían en el evento.
De acuerdo con el burgomaestre, la feria se instalará entre los jirones Hermilio Valdizán y 28 de Julio. Jara remarcó que el funcionamiento tendrá fechas cerradas: del jueves 18 al 31 de diciembre, y enfatizó que no habrá prórroga: “ni un día más”, sostuvo. Estas aseveraciones se han dado tras las acusaciones y denuncias que formularon los feriantes que denunciaron que el municipio les negó la autorización a pesar de haber cumplido con los requisitos exigidos por la comuna.
Blindaje “anticoima”
Sobre la parte económica, el alcalde indicó que el cobro se aplicará conforme al TUPA, con un pago de S/ 326 por cada stand, y subrayó que —según su versión— no se permitirán cobros externos. Jara afirmó que las propias asociaciones habrían solicitado que cada feriante pague personalmente con su DNI, de modo que el recibo coincida con el ocupante del puesto durante las acciones de fiscalización.
En cuanto a la magnitud del evento, el alcalde estimó un promedio de 200 stands. Según explicó, la municipalidad habría recomendado ese número para mantener el orden y la circulación en la zona, ya que algunas asociaciones tendrían cerca de 80 puestos y otras superarían los 120, por lo que se buscó un “promedio” para evitar saturación.
Bajo este esquema, Jara sostuvo que la feria se desarrollará “con seguridad” y con intervención coordinada de autoridades. Sin embargo, el propio alcalde reconoció que el punto más complejo no estaría dentro de los stands formales, sino fuera del perímetro, donde históricamente se instala el comercio ambulatorio.
No garantiza control de ambulantes
El control de ambulantes se convirtió en el tema más delicado de la entrevista. Ante consultas sobre cómo evitar cuestionamientos como los surgidos en ferias pasadas, el alcalde insistió en que no habría problemas de recaudación porque —según afirmó— “nadie recauda fuera de la municipalidad”. No obstante, también admitió límites para controlar a quienes se instalan en las veredas: sostuvo que no puede controlar “a quien se pone en la vereda” y calificó como “casi insostenible” garantizar un manejo adecuado del desborde en espacios no autorizados.
Por otra parte, el alcalde indicó que los feriantes y dirigentes deberían colaborar identificando quién está formalizado y quién opera como ambulante, señalando que él conocería a los cuatro dirigentes, pero no a todas las personas que se mueven alrededor de la feria. Esto ayudaría en el orden y evitar casos de supuestos cobros irregulares que se habrían dado en mercados y ferias.
El alcalde también justificó la exigencia del acta y las reglas con el argumento de que la responsabilidad política y legal recaería en su despacho si ocurriera un accidente grave, como un incendio o fallecimientos, escenarios que mencionó como sustento para imponer límites estrictos.
“Chacra a la Olla”
En la parte final, Jara recordó el caso “Chacra a la Olla”, afirmando que él la cerró el año pasado por dos meses y que el intento de formalización “no duró ni cuatro meses”, según su versión. Esa referencia reabre el debate sobre la sostenibilidad del ordenamiento comercial en fechas de alta demanda, especialmente cuando la municipalidad admite que el mayor problema suele estar en el perímetro informal.
