El conflicto que hoy protagoniza Santo Domingo de Nauyán no es un arrebato ni un gesto impulsivo: es la consecuencia previsible de meses —quizá años— de una relación deteriorada entre una comunidad que soporta los costos de un servicio público y una municipalidad provincial que, según las propias actas suscritas, no ha cumplido lo que prometió. El mantenimiento de la vía al botadero de Chilepampa, tramo por donde circulan cada día los camiones recolectores de residuos sólidos de Huánuco, no es un capricho vecinal: es una obligación básica para reducir riesgos, molestias y afectaciones sanitarias.
El acta firmada ante la Fiscalía de Prevención del Delito, en la que la comuna provincial se comprometió a intervenir el tramo del kilómetro 0 al 10.5, debía ser una garantía de seriedad. Pero la versión del alcalde del centro poblado, Manuel Salvador Martínez, revela lo contrario: un plazo de cinco días convertido en más de dos meses de inacción. Y ante ese vacío, emerge la medida extrema que hoy se anuncia: el cierre del acceso al botadero desde el lunes si no hay una intervención inmediata.
Cuando una comunidad llega a ese punto, es porque antes agotó todo lo demás. Y el propio Martínez recuerda que ya hubo paros anteriores, cierres temporales y múltiples mesas de trabajo. No es menor que los reclamos vayan más allá de la vía: apuntan a un cruce de responsabilidades entre la municipalidad de Huánuco y los distritos que también depositan sus residuos en Chilepampa, señalando deudas pendientes, falta de combustible, maquinaria inoperativa y procesos administrativos que siempre parecen justificar el retraso, pero nunca solucionarlo.
La provincia necesita una solución estructural y sostenida, no un parche temporal provocado por la presión vecinal. Si la Municipalidad Provincial asumió un compromiso formal, su obligación es cumplirlo. El descontento de Santo Domingo de Nauyán no surgió hoy: es la consecuencia directa de la falta de respuestas concretas, de la indiferencia operativa y de una gestión que, por acción o por omisión, ha permitido que un problema técnico se transforme en un conflicto social inminente.
El cierre del botadero tendría consecuencias graves para toda la ciudad. Pero más grave aún es que se haya llegado a este punto sin que las autoridades provinciales hayan prevenido la crisis. Los ciudadanos no pueden seguir siendo los únicos en cargar con los costos del desorden urbano y la ineficiencia municipal.
El ultimátum está dado. Huánuco está a tiempo —pero apenas— de evitar un nuevo colapso en la gestión de residuos. La respuesta debe llegar antes que el conflicto. Porque cuando la palabra de una autoridad deja de cumplirse, también se erosiona la confianza que sostiene cualquier convivencia democrátic.
