El consejero regional Olchese Tarazona se pronunció sobre los recientes allanamientos realizados por la Fiscalía Anticorrupción a funcionarios y exfuncionarios vinculados a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), en el marco de la investigación por la compra de 18 volquetes realizada en 2023.
Consultado sobre la posición del gobernador regional Antonio Pulgar, el consejero manifestó que “sería bueno” que se pronuncie sobre el caso. Al mismo tiempo, aclaró que, de acuerdo con la información que maneja, la investigación no comprendería por ahora al gobernador, sino a funcionarios de la DRTC. Añadió que la eventual incorporación de nuevas personas dependerá de los resultados finales de la investigación fiscal.
De acuerdo con lo señalado por Tarazona, la Fiscalía sostiene como hipótesis que en dicho proceso de contratación habría existido direccionamiento y sobrevaloración, bajo el argumento de que los costos elevados se justificaban por mantenimiento preventivo y correctivo que, según su versión, no estaban incluidos en los contratos. El consejero precisó que estas afirmaciones corresponden a la línea de investigación fiscal y no a una determinación judicial firme.
Olchese Tarazona afirmó que el caso ya no se encuentra en etapa preliminar, sino que la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria, lo que —según su interpretación— implica que existen imputaciones concretas contra los investigados y elementos previos que sostienen la pesquisa. En ese sentido, indicó que los allanamientos responderían a la necesidad del Ministerio Público de corroborar su hipótesis de trabajo mediante la búsqueda de indicios y documentación relevante.
El consejero recordó que, según su versión, el origen del caso se remonta a un informe de control emitido por la Contraloría General de la República, en el cual se habrían advertido presuntas irregularidades en la adquisición de la maquinaria. A partir de dicho informe, explicó, la Fiscalía Anticorrupción inició las diligencias que hoy derivan en estas intervenciones.
Consultado sobre el rol del Consejo Regional, Tarazona sostuvo que, al tratarse de una investigación fiscal reservada por mandato legal, no considera necesario que el pleno solicite informes adicionales en este momento. No obstante, afirmó que los consejeros se mantendrán atentos a los resultados del proceso.
En su calidad de abogado, Olchese Tarazona manifestó que, si se llegara a demostrar colusión y perjuicio económico para la región —por ejemplo, mediante una sobrevaloración en la compra de los volquetes—, el caso podría encuadrarse en el delito de colusión agravada. Según su declaración, este tipo penal contempla penas que van de 6 a 15 años de prisión, lo que implicaría cárcel efectiva.
Respecto a la situación de los investigados que no se encuentran detenidos, el consejero explicó que la prisión preventiva es una medida excepcional que la Fiscalía solicita cuando considera que existe riesgo de fuga u obstaculización de la investigación. En su opinión, el hecho de que algunos funcionarios sigan en libertad podría deberse a que no se habría acreditado peligro procesal, aunque advirtió que el Ministerio Público puede solicitar la variación de medidas si aparecen nuevos elementos, como ocultamiento de pruebas o intimidación a testigos.
