El presidente del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Amarilis, Dennis Estrada Huacachino, declaró que los vecinos del sector presentarán una denuncia formal contra el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, y el alcalde distrital de Amarilis, Roger Hidalgo, por presuntamente ejecutar un proyecto de transitabilidad que —según sostienen— pone en riesgo la salud y el bienestar de la población. La obra, ejecutada en la av. Túpac Amaru y jirones José María Arguedas, Daniel Alcides Carrión, Santa Rosa y Ocoña, consiste en el asfaltado y mejoramiento vehicular de estas vías.
De acuerdo con Estrada, la intervención sería perjudicial porque se estaría realizando sin reemplazar previamente las redes de agua y alcantarillado, las cuales —según afirmó— tienen más de 40 años de antigüedad y han cumplido su vida útil. En sus palabras, colocar una capa asfáltica sobre un sistema colapsado “solo maquilla el problema” y podría generar consecuencias graves en corto plazo. Los vecinos alegan que el verdadero problema no es la transitabilidad, sino los colapsos de desagüe, filtraciones y aguas estancadas que ya afectan a las viviendas del sector.
Falta de socialización
Durante la manifestación, Estrada sostuvo que los vecinos se enteraron “por sorpresa” del inicio de la obra y que la Municipalidad de Amarilis habría ejecutado el proyecto sin socializarlo previamente. Indicó que, si las autoridades afirman lo contrario, deberían mostrar las actas de socialización con respaldo documentado, y advirtió que, según las versiones recogidas, esta información no existe.
Por su parte, la vecina Blanca, participante de la protesta, aseguró que en el convenio entre la Municipalidad de Amarilis y el Gobierno Regional se contempla la obligación de solicitar certificaciones técnicas de las empresas prestadoras de servicios, como Sedah Huánuco, Electrocentro y Telefónica. Sin embargo, afirmó que Sedah Huánuco habría informado que nunca recibió solicitud de permiso, situación que calificó como “gravísima”.
Además, Estrada manifestó que el proyecto ejecutado no respeta los acuerdos del Presupuesto Participativo, en el cual —según dijo— estaba priorizado el cambio de redes y pavimento rígido, mas no un asfaltado superficial. Aseguró que el Comité de Vigilancia cuenta con los proyectos priorizados y que la obra actual “pasa por encima” de lo consensuado con la ciudadanía.
Obra generaría daños a viviendas
Los manifestantes advirtieron que esta intervención podría poner en peligro las viviendas y la seguridad de los vecinos debido a filtraciones de agua asociadas al colapso del alcantarillado. Según Estrada, actualmente algunas casas ya presentan daños y la nueva capa asfáltica impediría atender adecuadamente las redes deterioradas. “Primero debe rehabilitarse agua y desagüe; luego, recién la pista”, insistió.
La vecina Blanca agregó que, según las guías técnicas de IOARR, no se deben ejecutar inversiones en zonas con filtraciones o riesgos porque “no son sostenibles en el tiempo”, lo que —según dijo— generaría perjuicio al Estado y a la comunidad. Estas apreciaciones se incluyen como declaraciones textuales de los participantes.
