La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió al Congreso luego de quedar inhabilitada por 10 años: confirmó que presentará una acción de amparo para revertir la sanción y evalúa denunciar a los parlamentarios por presuntas infracciones a la Constitución. Su defensa sostiene que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, y advierte que, por cambios legales recientes, el caso podría tomar un camino judicial más restrictivo.
El Congreso, a través de su Comisión Permanente, aprobó un informe que recomienda la inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza, medida que la deja fuera del ejercicio de la función pública y agrava la crisis institucional en torno al Ministerio Público.
Tras la votación, Espinoza anunció que acudirá al Poder Judicial con una acción de amparo para intentar anular la inhabilitación y recuperar su condición para ocupar el cargo. En su pronunciamiento, sostuvo que volvió a quedar en evidencia un uso político de decisiones que deberían sostenerse en pruebas y garantías.
La fiscal suprema afirmó que el Parlamento no valoró documentos y pruebas con los que —según su versión— acreditaba que no participó en el acto por el que la sancionan. También recordó episodios previos del trámite parlamentario donde, denuncia, se habría afectado el carácter público de la sesión y el ejercicio de su defensa.
La inhabilitación se sustenta en una presunta infracción constitucional relacionada con la publicación de un reglamento del Ministerio Público que, según el Congreso, contravenía la ley que otorga a la PNP un rol de liderazgo en investigaciones preliminares. Espinoza sostiene que esa atribución no le correspondía a ella, sino a quien ejercía la Fiscalía de la Nación en ese momento, y que su firma no acreditaría participación en la publicación cuestionada.
Su abogado advirtió que, por la Ley 32153 (reforma del Nuevo Código Procesal Constitucional), las demandas de amparo vinculadas a decisiones del Congreso siguen un procedimiento especial y pueden llegar en segunda instancia a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, lo que condiciona los tiempos y el desenlace efectivo de la restitución.
Con el amparo anunciado y posibles denuncias contra congresistas en camino, Delia Espinoza traslada la pelea del hemiciclo a los tribunales. El conflicto ahora gira en dos ejes: si el Congreso respetó las garantías mínimas y si la sanción se sostiene en hechos verificables. El desenlace, como advierte su defensa, dependerá del filtro judicial y de las reglas procesales vigentes.
