El Congreso de la República inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos a la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, en una jornada marcada por el giro de votos y la rapidez del trámite. Con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, el Pleno aprobó el informe final que la acusa de presunta infracción constitucional, pese a que el mismo documento había sido rechazado en una primera votación por no alcanzar el mínimo requerido.
La acusación se sostiene en un supuesto “desacato” a la Ley 32130, norma que restablece la facultad de la Policía Nacional para liderar investigaciones preliminares. Según el argumento congresal, Espinoza habría impulsado una resolución que contradice esa disposición, abriendo el camino para sancionarla políticamente.
Segunda votación
El informe fue rechazado inicialmente al obtener 63 votos, por debajo del mínimo necesario. Sin embargo, los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron una reconsideración y el Pleno pasó a una segunda votación el mismo día, lo que terminó inclinando la balanza.
La nueva votación se desarrolló con premura. Con la Mesa Directiva presidida esta vez por Fernando Rospigliosi, la sesión tomó velocidad: el parlamentario interrumpió al relator para ir “directamente” a la parte resolutiva, acelerando el trámite hacia el conteo final que confirmó la inhabilitación.
Los votos que definieron la inhabilitación
El cambio de escenario se explica por el movimiento de votos y la incorporación de parlamentarios que no participaron en la primera ronda. Variaron su decisión José María Balcazar (Perú Libre), Katy Ugarte (JPP) y Kira Alcarraz (no agrupada). Además, en la segunda votación sí participaron —tras no hacerlo en la primera— Edith Julón (APP), Guido Bellido (Podemos Perú), Francis Paredes Castro (Podemos Perú), Silvia María Monteza (Acción Popular) y Juan Carlos Mori (Acción Popular). En conjunto, esos respaldos terminaron empujando el resultado hasta la cifra definitiva.
La defensa golpea el fondo
Durante el debate, el abogado Rodolfo Pérez sostuvo que el informe se centra en la resolución 2246, pero remarcó un punto clave: Delia Espinoza no habría firmado dicho documento. De acuerdo con su alegato, la rúbrica correspondería al fiscal interino Juan Carlos Villena, lo que —según la defensa— debilita el sustento del castigo político.
El abogado añadió un elemento explosivo: afirmó que 15 de los 16 parlamentarios que aprobaron el informe en la Comisión Permanente tendrían carpetas fiscales, sugiriendo un interés directo en apartar a Espinoza del Ministerio Público para frenar o neutralizar investigaciones.
Montoya y el argumento político
En el Pleno, el congresista Jorge Montoya justificó su posición con un enfoque que va más allá de la norma: cuestionó que Espinoza “amenace” al Congreso y calificó de desproporcionado que impulse denuncias contra parlamentarios, llegando a tildarla de “peligro público” por abrir investigaciones. Para la defensa, ese discurso confirma que el trasfondo no es técnico, sino político.
La respuesta de Delia Espinoza
Espinoza Valenzuela lamentó que no todos los congresistas estuvieran presentes físicamente y lo calificó como una falta de respeto a la ciudadanía. En un mensaje duro, dijo que algunos actúan como “verdugos” sin “dar la cara”, y vinculó esa actitud a las elecciones: aseguró que ciertos legisladores evitarían exponerse públicamente porque aspiran a la reelección.
Horas previas a la sanción política, el Congreso aprobó el levantamiento del fuero de Espinoza. Con ello, queda abierta la posibilidad de que sea investigada por presuntos delitos como usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, por la controversia en torno a la aplicación de la Ley 32130. En la práctica, el Parlamento habilita que quien ocupó la máxima jefatura del Ministerio Público pueda ser investigada por la propia institución.
