La reciente intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en el matadero municipal de Huánuco confirma, una vez más, el vergonzoso nivel de desidia con el que se administra nuestra ciudad. La descarga de aguas residuales y restos sanguinolentos al río Huallaga no es un “error”, no es un “descuido”, no es un “incidente”: es la prueba irrefutable de una gestión incapaz, lenta y ciega ante el daño que causa. Y es, también, la evidencia de un alarmante desprecio por la salud pública y por el ambiente que nos sostiene como región.
La Fiscalía encontró un tubo de PVC vertiendo desechos rojos directamente al cauce, pese a las constantes advertencias previas. Es decir: no solo hubo negligencia, sino persistencia en la negligencia. ¿Cómo se explica que una municipalidad que conoce el problema desde hace meses permita que el camal siga operando con pozos sépticos colapsados? ¿Cómo se justifica que, aun alertados por su propio personal, no hayan movido un solo dedo para remediar un riesgo ambiental tan básico y evidente? La respuesta es simple: porque nuestras autoridades no gestionan, no supervisan y no escuchan. Y cuando la autoridad no actúa, la contaminación fluye. Literalmente.
El cierre temporal por 15 días llega tarde, pero llega. Un cierre que no solo intenta frenar el daño inmediato, sino que revela el trasfondo más grave: la ausencia total de visión y responsabilidad en la conducción municipal. El propio personal del matadero entregó documentos que evidencian que la gerencia municipal fue advertida varias veces. ¿Y qué respondió el área de Planificación y Presupuesto? Que “no hay crédito presupuestal”. Es decir, para actividades menores sí hay recursos; para proteger el río principal de la región, no. Huánuco no merece esa mezquindad.
Lo que el Ministerio Público ha iniciado —una investigación penal contra el alcalde y sus principales gerentes— es apenas el primer paso de un proceso que tendrá que desenredar años de malos hábitos y miradas complacientes. Pero la raíz del problema es más profunda: seguimos dirigidos por autoridades que confunden administrar con improvisar, y que creen que la gestión pública se resuelve con discursos y fotos, mientras problemas tan básicos como el tratamiento de residuos quedan olvidados hasta que revientan en escándalos.
La Fiscalía ha hecho lo que la municipalidad no quiso hacer: poner orden. Ahora toca a Huánuco exigir que ese orden no sea temporal, sino permanente. Porque el río no espera. Y la dignidad de la ciudad tampoco.
