La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación preliminar por presunta colusión agravada en dos proyectos de inversión de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, vinculados a la compra de equipos y mobiliario para agencias agrarias, por un monto conjunto que bordearía los S/ 66 640, según la disposición fiscal.
De acuerdo con el Ministerio Público, la pesquisa se centra en los proyectos de inversión rápida IOARR con códigos CUI 2506306 y 2506269, aprobados en 2020 para dotar de equipamiento a agencias y oficinas agrarias. La Fiscalía sostiene, en la Carpeta Fiscal N.° 345-2025, que se habrían detectado fallas graves en la formulación de los estudios definitivos, en la contratación de consultores externos y en el trámite de órdenes de servicio, lo que configuraría una posible concertación para perjudicar al Estado.
Según la disposición fiscal, los estudios definitivos de ambos IOARR fueron encargados mediante dos órdenes de servicio por montos aproximados de S/ 34 000 y S/ 32 640, sumando S/ 66 640. Estos contratos tuvieron como finalidad la elaboración de expedientes para adquirir equipos y mobiliario destinados a agencias agrarias, pero, conforme al informe legal remitido por la propia Dirección Regional de Agricultura, las órdenes no contarían con cuadros comparativos de cotizaciones, certificación presupuestal ni requerimientos emitidos por la Unidad Ejecutora de Inversiones, pese a tratarse de recursos públicos.
Irregularidades en estudios, cotizaciones y equipos adquiridos
El Ministerio Público indicó que los estudios definitivos de los IOARR 2506306 y 2506269 se aprobaron sin informes de necesidad ni formatos de viabilidad debidamente firmados, y que los documentos cargados al sistema carecerían de firmas de especialistas responsables en ingeniería, economía y supervisión. De igual manera, los presupuestos de los proyectos no presentarían la conformidad de los profesionales que debían validar metrados, costos y partidas, lo que, según la Fiscalía, deja sin sustento la programación de la compra de equipos, mobiliario y otros bienes previstos para las agencias agrarias.
En el caso de las cotizaciones, la disposición fiscal recoge observaciones del informe legal interno que alertan sobre falta de fechas y firmas en las propuestas económicas presentadas por empresas proveedoras como Nexus Motor Perú, Industrias Metálicas Leo S.A.C. e Importaciones Disa Motors, entre otras. De acuerdo con dicho informe, las cotizaciones se habrían emitido en noviembre de 2020, mientras que las órdenes de servicio que amparan la contratación se firmaron en diciembre de ese año, lo que para la autoridad fiscal evidenciaría una posible preparación previa de documentos para adecuarlos a los requerimientos ya definidos.
Fraccionamiento y posibles daños al erario regional
La Fiscalía destacó que, según el análisis jurídico de la Dirección Regional de Agricultura, la contratación de consultorías en dos órdenes separadas por S/ 34 000 y S/ 32 640 podría constituir un fraccionamiento de servicios para eludir los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado. El informe sostiene que, al tratarse de servicios de naturaleza similar vinculados a estudios de inversión para equipamiento, debió evaluarse un solo proceso de selección de mayor cuantía y no contrataciones independientes bajo la modalidad de servicio por orden.
Asimismo, el Ministerio Público señaló que no se habría acreditado el cumplimiento de los productos contratados, pues los estudios definitivos no contarían con cronogramas de ejecución, resoluciones de aprobación ni documentos que sustenten las conformidades de servicio. De acuerdo con la disposición fiscal, estas omisiones, sumadas a la ausencia de documentos de pago adecuadamente sustentados, generarán la necesidad de determinar si el Estado pagó por trabajos incompletos o deficientes en perjuicio de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco.
Funcionarios y consultores implicados en la pesquisa penal
La investigación preliminar considera como presunto autor al responsable del Área de Proyectos de la Oficina de Planificación Agraria de la DRA, aún por identificar, por haber promovido las contrataciones desde un órgano distinto a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la cual tenía la competencia formal para tramitar los servicios de consultoría. También se investiga a William Nieto Beteta, señalado por la Fiscalía como encargado de la verificación de conformidad de los servicios prestados, por haber otorgado su visto bueno a estudios que, según los propios informes internos, presentarían serias deficiencias técnicas y administrativas.
En calidad de presuntos cómplices necesarios se investiga a los consultores Ismael Venancio y Carlos Meza, quienes tuvieron a su cargo la elaboración de los estudios definitivos de los IOARR 2506306 y 2506269. El Ministerio Público sostiene que ambos habrían aceptado órdenes de servicio con observaciones de forma y de fondo, y que presentaron productos sin las firmas ni los anexos exigidos por la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, regulado por el Decreto Legislativo N.° 1252, el Decreto Supremo N.° 284-2020-EF y la Directiva N.° 001-2019-EF/63.01.
La Carpeta Fiscal N.° 345-2025 fue abierta por el presunto delito de colusión agravada, previsto en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, en agravio del Estado peruano a través de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco. La Fiscalía anunció que, en esta etapa preliminar, recabará declaraciones de funcionarios y consultores, solicitará documentación contable y revisará los equipos y mobiliario efectivamente adquiridos para establecer si hubo concertación para defraudar al Estado o incumplimientos que ameriten la formalización de una investigación preparatoria.
