El decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Hernán Cajusol Chepe, manifestó su preocupación respecto al estado actual del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Según declaró, la institución atraviesa una “crisis” caracterizada por la presencia de “malos elementos” que permitirían el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios. El dirigente afirmó que, pese a que los penales no permiten oficialmente el ingreso de celulares, en su interior se encuentran antenas de televisión, equipos de comunicación, alcohol, drogas y hasta armas.
De acuerdo con lo expresado, estos ingresos ilegales evidenciarían —según su opinión— fallas estructurales y posibles actos de corrupción. “La población juzga por resultados, y lo que se ve es que dentro se coordina delito”, señaló. Indicó además que estos hechos justifican una restructuración profunda del sistema penitenciario.
Frente a la propuesta de eliminar el INPE y reemplazarlo por una superintendencia, Cajusol expresó que dicha medida podría atenuar temporalmente el problema, pero no solucionarlo de raíz. A su juicio, desaparecer completamente a la institución no garantiza una mejora sostenida, pues los problemas obedecen a fallas estructurales más profundas.
En este sentido, sostuvo que una eliminación total solo tendría sentido si se plantea como una medida transitoria. Explicó que, de darse paso a una superintendencia, un eventual retorno al INPE tendría que ser paulatino, con una nueva selección de personal, un proceso de reestructuración integral y “un mejor estudio del funcionamiento penitenciario”.
El decano recordó que el rol del INPE no se limita al control de seguridad, sino también al cumplimiento del fin resocializador del sistema penitenciario. Subrayó que cualquier reforma debe considerar ambos aspectos.
Cajusol sostuvo que, debido a la magnitud del problema, sería necesario contar con el apoyo temporal de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas para reforzar el control interno de los penales. Según indicó, esta medida podría contribuir a frenar la coordinación de delitos desde el interior de las cárceles.
El decano comparó la situación actual con décadas anteriores, afirmando que, así como en los años 80 y 90 los penales eran centros de adoctrinamiento terrorista, hoy —según sus declaraciones— se han convertido en “universidades del delito”, donde grupos como extorsionadores y secuestradores coordinan actividades ilícitas desde el encierro.
