La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Tingo María atraviesa uno de sus momentos más críticos debido a la limitada capacidad operativa con la que debe enfrentar el crecimiento sostenido de la minería ilegal, la tala indiscriminada y la deforestación en la zona del Huallaga. Así lo confirmó el fiscal especializado Noé García Vera, quien advirtió que la carga laboral supera ampliamente los recursos humanos y logísticos con los que cuentan.
Actualmente, la FEMA funciona únicamente con una fiscal recientemente designada y un asistente, cuando las necesidades mínimas —según informó García— requieren al menos cinco profesionales adicionales para atender las investigaciones, operativos y diligencias urgentes en campo. Esta brecha limita seriamente la capacidad de respuesta frente a los delitos ambientales que se registran en provincias como Leoncio Prado, Pachitea, Marañón y Huamalíes.
A esta situación se suma la ausencia de una unidad policial ambiental especializada en Tingo María. El apoyo operativo depende de efectivos sin entrenamiento específico, quienes solo pueden participar cuando no atienden órdenes del Comando Policial. Esto dificulta las intervenciones en zonas donde la minería ilegal mantiene presencia activa, especialmente en áreas rurales de difícil acceso. Un ejemplo reciente es el operativo en Aucayacu, donde se detuvo a 14 personas en el caserío Alto Alianza, hoy recluidas en el penal de Potracancha bajo prisión preventiva.
El incremento de interdicciones y operativos ha generado una acumulación significativa de carpetas fiscales. La FEMA de Tingo María maneja aproximadamente 400 expedientes al año, un volumen que —según el fiscal— ha crecido en un 60% respecto a años anteriores. Esta sobrecarga provoca retrasos y dificulta el cumplimiento de los plazos establecidos por Control Interno, comprometiendo la capacidad del Estado para enfrentar efectivamente los delitos ambientales que afectan los ecosistemas del centro del país.
