Sentencia detalla pagos ilícitos y reuniones clandestinas durante licitaciones regionales
El expresidente fue condenado a 14 años de prisión efectiva por actos de corrupción cometidos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, según la sentencia emitida el 26 de noviembre por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. La resolución determinó que solicitó pagos ilícitos y condicionó funciones públicas a la entrega de dinero mientras ejercía cargos regionales.
Según indicó el colegiado presidido por la jueza Fernanda Ayasta, la pena se divide en 6 años por el caso Lomas de Ilo y 8 por el Hospital de Moquegua, además de una multa que supera los 94 mil soles y una inhabilitación de nueve años para ejercer función pública. De acuerdo con la sentencia incorporada en el expediente oficial, el exmandatario solicitó ventajas económicas a empresas postoras y usó información reservada para favorecer al consorcio Obrainsa-Astaldi.
Los magistrados señalaron que, conforme manifestaron los testigos Elard Tejeda Moscoso y Manuel Tejeda Moscoso, Vizcarra pidió el 2% del monto directo de la obra Lomas de Ilo a cambio de asegurar la buena pro. De acuerdo con la sentencia, el exfuncionario se reunió con representantes de la empresa en Lima y exigió pagos posteriores en sobres manila tras la firma del contrato. El documento judicial también concluye que pidió el alquiler de una avioneta para beneficio personal, cargando los gastos a la empresa interesada.
Corrupción regional y agravamiento de los hechos
Según el Ministerio Público, los pagos ilícitos fueron entregados entre enero y abril de 2014 en las oficinas de Obrainsa. La sentencia detalla que los montos ascendieron a 400 mil y 600 mil soles en dos entregas directas. En el caso del Hospital de Moquegua, el colegiado estableció que Vizcarra condicionó la suscripción contractual al pago de 1.3 millones de soles por parte del consorcio responsable, exigencia trasladada mediante un tercero de confianza.
El fallo concluye que aprovechó su cargo para interferir en procedimientos administrados por UNOPS, vulnerando principios de imparcialidad, transparencia y probidad. Tal como señaló la resolución, la conducta del exgobernador configuró una subordinación de los intereses públicos frente a beneficios personales, lo que agravó el daño a la administración estatal.
Reacciones del sentenciado y efectos políticos inmediatos
Tras conocerse la condena, el exmandatario difundió un comunicado en su cuenta de X, en el que calificó la decisión como parte de un “pacto mafioso”. Según escribió, considera que la sentencia responde a motivaciones de venganza y aseguró que continuará su defensa, delegando representación política en un familiar. No obstante, la sentencia ordena su ejecución inmediata, disposición que obliga al cumplimiento efectivo de la pena.
El caso abre una nueva etapa en el proceso judicial contra autoridades de alto nivel implicadas en actos de corrupción en la última década. Conforme señala el propio fallo, la condena se basa en pruebas directas, registros de comunicaciones y corroboraciones testimoniales obtenidas durante el juicio
