La reciente sentencia de 14 años de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra no es solamente el desenlace judicial de un caso emblemático: es un recordatorio brutal del daño que la corrupción sigue infligiendo al país. El Poder Judicial ha confirmado que, mientras ocupaba cargos públicos, el exmandatario solicitó pagos ilícitos, condicionó decisiones administrativas y vulneró la confianza ciudadana. Y aunque la decisión judicial marca un precedente importante, no debe entenderse como un punto de llegada, sino como una advertencia necesaria.
En este diario lo decimos sin ambigüedades: ningún avance posible para el Perú es compatible con la tolerancia a la corrupción. No lo fue antes, no lo es ahora y no lo será jamás. Durante décadas, funcionarios, gobernadores, alcaldes, ministros y presidentes han hecho del Estado un botín, de la obra pública un negocio y de los ciudadanos simples espectadores obligados a soportar el costo de los abusos. La corrupción no es una abstracción moral; es un sistema que se alimenta del dinero que falta en hospitales, en carreteras, en escuelas, en programas sociales y en cualquier iniciativa que busque mejorar la vida de las personas.
La sentencia contra Vizcarra no debe convertirse en una excepción aislada ni en un gesto simbólico. Debe ser el inicio de una etapa más rigurosa, más técnica y más intransigente frente a quienes roban, mienten, ocultan o manipulan procesos públicos para obtener beneficios personales. Quienes creyeron que el poder los blindaría, quienes imaginaron que podían operar con impunidad desde un escritorio, desde una licitación o desde un contrato amañado, deben comprender que ese ciclo está llegando a su fin.
El país está cansado de los discursos de promesa eterna, del espectáculo de funcionarios procesados, del doble lenguaje y del cinismo político. La población exige integridad real, sanciones efectivas y un Estado capaz de actuar, no de justificar. Por eso, respaldamos que se impongan penas severas cuando la evidencia es clara y que se ejecuten sin privilegios, sin excepciones y sin cálculos electorales.
En este editorial reafirmamos nuestra postura: cada sol robado al Estado debe pagarse con cárcel, con inhabilitación y con la recuperación del daño causado. No hay reforma posible sin justicia, no hay justicia sin responsabilidad, y no hay responsabilidad sin sanción. La lucha contra la corrupción no puede ser esporádica ni selectiva; tiene que ser sostenida, firme, incómoda y, sobre todo, ejemplar.
El Perú no está condenado a la corrupción. Está condenado únicamente si seguimos tolerándola. Mientras la ley se aplique con rigor, mientras los corruptos enfrenten consecuencias reales, mientras la ciudadanía mantenga la presión pública y mientras los medios sigan fiscalizando sin complacencias, aún es posible reconstruir la confianza perdida.
