La defensa de Betssy Chávez, exministra y figura clave en el proceso abierto por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, activó una estrategia decisiva. El abogado Jesús Barboza presentó un hábeas corpus preventivo con el objetivo de impedir cualquier ingreso, intervención o captura dentro de la embajada de México, donde Chávez ha solicitado asilo diplomático, pese a que pesa sobre ella una orden de cinco meses de prisión preventiva por peligro de fuga.
El recurso exige que el Poder Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial se abstengan de ejecutar cualquier acción material dentro del recinto diplomático. Barboza solicita un total de seis medidas urgentes, enfatizando que ninguna autoridad puede allanar, requisar o intervenir la embajada sin consentimiento expreso de la misión mexicana, en cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961).
Además, se pide dictar medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad del recinto y de todas las personas refugiadas en su interior. Los emplazados incluyen al premier José Jerí, al canciller Hugo de Zela y a la jueza suprema Janet Tello.
En respuesta al ruido político generado por la solicitud, el canciller Hugo de Zela aseguró que no existe posibilidad alguna de que las fuerzas del orden ingresen por la fuerza a la embajada mexicana. “Esa hipótesis no se va a dar en la realidad”, subrayó, descartando cualquier tipo de intervención que vulnere la protección diplomática.
De Zela también recordó que las fricciones entre Perú y México se arrastran desde 2022, cuando el gobierno mexicano otorgó asilo a la familia de Pedro Castillo y mantuvo su reconocimiento político al exmandatario, situación que tensó la relación bilateral desde entonces.
