Una revelación extremadamente grave sacude a la región: uno de los fusiles que desapareció de la comisaría de Curimaná habría sido utilizado en el secuestro y posterior asesinato del empresario cacaotero C. A. A. C., cuyo cuerpo fue hallado el 20 de noviembre en la carretera, luego de haber sido raptado por sujetos armados y vestidos como militares. Fuentes de inteligencia señalan que el armamento extraviado coincide con el tipo de arma usada en el crimen registrado en Súngaro, una zona afectada por minería ilegal y presencia de bandas armadas.
La alerta sobre irregularidades en la comisaría de Curimaná se evidenció plenamente el 19 de noviembre, cuando una intervención policial confirmó la existencia de una presunta red interna que cobraba cupos, filtraba información de operativos y protegía actividades de minería ilegal. Ese día se detuvo en flagrancia a cuatro suboficiales, mientras que el comisario, el teniente PNP J. E. B., huyó momentáneamente y luego apareció de improviso en la audiencia judicial.
Horas antes, el general PNP R. M. dispuso su reasignación a otra unidad, una decisión que no representa sanción y que generó dudas sobre un posible encubrimiento. La situación se agravó cuando, durante el breve relevo a cargo del ST2 PNP F. E., se detectó la desaparición de dos fusiles AKM bajo la responsabilidad del S1 PNP J. J. Q., quien se desempeñaba como armero.
La División de Investigación Criminal recomendó denunciar a los involucrados por favorecer el tráfico ilícito de armas, cohecho y organización criminal; sin embargo, el fiscal del caso modificó la calificación a peculado agravado, reduciendo significativamente la gravedad del cuadro, hecho que despertó preocupación entre las unidades de inteligencia.
El posible uso de uno de estos fusiles en el crimen del empresario cacaotero revela un escenario alarmante: armamento oficial de la Policía Nacional habría terminado en manos de sicarios. Este hecho no solo confirma la infiltración criminal en la comisaría de Curimaná, sino que expone un peligro latente para toda la región.
Mientras el Poder Judicial evalúa el pedido de prisión preventiva, la población exige una investigación profunda, transparente y sin interferencias, que permita identificar y sancionar a todos los responsables dentro y fuera de la institución.
