Solo S/6,25 millones de los S/18 millones prometidos serán asignados a plan de salud intercultural
Por tercer año consecutivo, el Gobierno peruano ejecutará menos de la mitad del presupuesto aprobado para atender a comunidades indígenas contaminadas por actividad petrolera en Loreto. Así lo informaron representantes del Ministerio de Salud (Minsa), durante una mesa técnica desarrollada en Iquitos, donde se confirmó que solo S/6,25 millones de los S/18 millones previstos serán destinados a la atención médica de las poblaciones indígenas expuestas a metales pesados en los lotes petroleros 192 y 8.
El monto reducido corresponde al Plan de Salud Integral e Intercultural y Monitoreo a Exposición de Metales Pesados e Hidrocarburos, un documento elaborado en 2021 tras una consulta previa con comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza. Según la planificación original, el plan debía beneficiar a más de 65.000 personas en 446 comunidades, con 22 actividades orientadas a vigilancia epidemiológica, atención directa, monitoreo y mitigación de daños. Sin embargo, la ejecución plena sigue sin concretarse.
De acuerdo con líderes indígenas presentes en la reunión, el Estado no solo ha recortado recursos, sino que tampoco ha implementado infraestructura mínima ni servicios regionales de salud especializados. “Solo llegan brigadas itinerantes, pero no traen medicamentos ni equipos. Es una visita simbólica”, denunció Alfonso López Tejada, vocero de la organización Puinamudt.
Durante la sesión técnica del pasado 7 de noviembre en Iquitos, donde participaron representantes del Minsa, del Ministerio de Energía y Minas, PetroPerú y diversas federaciones indígenas como FECONACOR, FECONAT y OPIKAFPE, se evidenció la ausencia de un registro unificado de población expuesta a contaminación por petróleo.
Según explicó una vocera de la organización Cuatro Cuencas, el Minsa conoce la existencia de datos pero no garantiza el monitoreo, ni ha desplegado servicios adecuados en la región. “No hay infraestructura médica garantizada. Nacen niños con malformaciones genéticas y no son atendidos. Las comunidades viven entre la exposición y el abandono”, expresó.
Por su parte, Leonardo Ronyald Rojas Mezarina, viceministro de Salud Pública, participó del encuentro junto a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, presidida por la parlamentaria Silvana Robles, pero hasta el cierre de esta edición no se ha oficializado ningún cambio en la asignación presupuestal para 2025.
Alfonso López Tejada, cuya organización agrupa a más de 30 comunidades en la región Loreto, declaró que las brigadas de atención médica “no están equipadas” y dependen de donaciones de terceros para medicamentos esenciales. “Se trabajó un plan con el Minsa y se aprobó un presupuesto. Pero hoy, solo existe en el papel”, afirmó.
El impacto ambiental no es nuevo. De acuerdo con el Informe III sobre Emergencias Ambientales elaborado por Amazon Watch y Oxfam, el Perú ha registrado 1.462 emergencias por contaminación petrolera entre 1997 y 2023, de las cuales 831 ocurrieron en territorios indígenas. La región Loreto concentra la mayoría de estos eventos.
Uno de los casos más graves ocurrió el 3 de octubre de 2024, cuando un derrame de 40 barriles del Oleoducto Norperuano —operado por PetroPerú— contaminó el río Pastaza, en el distrito de Andoas. El resultado: 11 personas fallecidas, entre ellas una niña de 10 años, identificada como Butuna Zúñiga, con un cuadro de intoxicación aguda por exposición a metales pesados.
El apu Jacob Espinar, presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP), sostuvo que al menos dos derrames recientes afectaron directamente territorios achuar. Según denunció, más de 100 comunidades quechua, achuar, kukama, urarina y kichwa se oponen hoy a nuevas operaciones petroleras en la zona.
