Carretera Huánuco–La Unión: Denuncian abandono estatal y exclusión de Chavinillo

Isla advierte que megaproyecto vial ignora a comunidades y no habrá variante vial en Chavinillo ni Ayapita. También lanzó fuertes críticas a alcalde de Yarowilca
La exclusión de dos zonas urbanas del trazo vial y la ausencia de supervisión estatal fueron señaladas como los principales riesgos que enfrenta el megaproyecto carretero Huánuco–La Unión–Huallanca, según declaraciones recogidas por este medio. La obra, considerada estratégica para la conectividad regional, afrontaría demoras, falta de fiscalización y decisiones técnicas que afectarían directamente a comunidades de Yarowilca.


Proyecto vial y retrasos en la ejecución
De acuerdo con declaraciones de la exsubprefecta de Yarowilca, Adela Isla, el proyecto presenta retrasos atribuibles a la empresa ejecutora CR20 y a la supervisión de Provías Nacional. Según indicó, ambas instancias no estarían avanzando al ritmo comprometido, especialmente en temas de derechos de vía, compensaciones y verificación de cronogramas. La exautoridad sostuvo que la obra, por su magnitud, podría impulsar actividad económica regional similar a la generada por rutas nacionales como la Panamericana, pero remarcó que actualmente enfrenta falta de control político y técnico. De acuerdo con su versión, la ausencia de seguimiento por parte de autoridades provinciales ha permitido que el proyecto avance sin una fiscalización integral. Isla afirmó que esta situación coloca en riesgo el impacto esperado para las comunidades altoandinas y señaló que la población aún no recibe información completa sobre las decisiones técnicas adoptadas en las últimas reuniones con el ente nacional encargado.


Decisiones técnicas excluyen a Chavinillo y Ayapita
Según la información proporcionada por Isla, durante una reunión sostenida en Lima con representantes de Provías Nacional se le informó que no habrá variante vial en Chavinillo ni en Ayapita. De acuerdo con su versión, los técnicos le explicaron que en ambas rutas —identificadas como alta y baja— existen zonas arqueológicas registradas que impiden cualquier intervención directa del trazo. Isla señaló que esta explicación fue registrada en video y que posteriormente comunicó el contenido a autoridades locales y dirigentes comunales. También indicó que los funcionarios nacionales señalaron que modificar el trazo implicaría un nuevo proyecto y un presupuesto adicional, procesos que no podrían ejecutarse en la actual gestión. Según su testimonio, la exclusión de estos distritos ya forma parte del diseño vigente, por lo que las vías locales permanecerán sin cambios estructurales en la presente etapa de ejecución.


Críticas a autoridades locales y situaciones pendientes
Isla también cuestionó al alcalde provincial de Yarowilca, Edson Cabrera Cecilio, al sostener que no se realizaron acciones para reactivar la planta de tratamiento de aguas residuales del distrito. Según indicó, esta infraestructura permanece inoperativa desde hace más de diez años y presenta observaciones señaladas por la Fiscalía del Medio Ambiente. Isla afirmó que tanto la autoridad actual como la anterior “no muestran interés” en ejecutar presupuesto para saneamiento, situación que —de acuerdo con su versión— genera riesgos ambientales y sanitarios. También mencionó que, durante su breve gestión, impulsó coordinaciones con comunidades para el reconocimiento de los campos barayos como Patrimonio Cultural de la Nación, al considerar que las figuras ancestrales estaban en riesgo de desaparecer. Asimismo, insistió en que la población requiere información clara sobre el avance real del proyecto vial y sobre las decisiones técnicas adoptadas en oficinas nacionales.


Aclaración sobre vínculos políticos y relación institucional
Consultada sobre versiones que la vinculan políticamente al alcalde de Yarowilca, Isla negó cualquier relación de ese tipo y señaló que su interacción con la autoridad edil se limitó a funciones de coordinación institucional. Según expresó, la falta de apertura para un trabajo conjunto la llevó a articular directamente con comunidades y con entidades estatales. También afirmó que su labor se centró en atender requerimientos ciudadanos, priorizar gestiones importantes y solicitar respuestas oficiales ante organismos del Gobierno central. De acuerdo con su versión, la ausencia de liderazgo provincial habría generado un clima de incertidumbre respecto a la ejecución del proyecto vial y a otros asuntos vinculados a la infraestructura pública de la provincia. Isla sostuvo que las autoridades deben responder con transparencia y evitar silencios prolongados en temas que involucran inversión estatal y el desarrollo de los distritos altoandinos.