El presidente de la comunidad campesina de Llicua Alta, Luis Rodríguez, negó categóricamente que él o los comuneros hayan incurrido en actos de extorsión contra el Gobierno Regional de Huánuco. Esto, tras las declaraciones y la denuncia pública impulsada por la Procuraduría Regional, que los señala como responsables de presuntas amenazas para impedir el desarrollo de la obra del muro de contención en la quebrada Agorragra.
Según indicó Rodríguez, los comuneros vienen siendo injustamente relacionados con delitos de extorsión, sicariato o pertenencia a bandas criminales, lo cual —afirmó— es una acusación grave que deberá ser demostrada con evidencias. “Nos han tratado de involucrar en hechos que escandalizan a la opinión pública. Las autoridades tienen que probar que hemos cometido algún delito, porque no pueden lanzar acusaciones tan delicadas sin fundamento”, declaró.
La Procuraduría Regional denunció que presuntos actos como la toma de carreteras, bloqueos o impedimentos al libre tránsito habrían obstaculizado la ejecución de la obra, lo cual —desde su perspectiva— configuraría un delito de extorsión. Esta versión fue desmentida por Rodríguez, quien señaló que las acciones emprendidas por la comunidad fueron medidas de protesta legítima ante el presunto incumplimiento de compromisos por parte del gobierno regional.
Protesta respondió a compromisos incumplidos
Rodríguez sostuvo que la paralización temporal de los trabajos en la quebrada Andorragra fue una medida extrema adoptada por la población tras constatar que los acuerdos asumidos con el Gobierno Regional no estaban siendo cumplidos. Entre ellos mencionó el compromiso de habilitar vías de acceso, trochas carrozables y obras de compensación para las comunidades afectadas por el paso de maquinaria pesada y ocupación de terrenos comunales.
“El gobierno regional ingresó a nuestro territorio con el compromiso de ejecutar obras a cambio. Hasta ahora no han cumplido con lo prometido. Por eso, la población reaccionó”, manifestó.
Según explicó, la comunidad nunca pretendió impedir permanentemente la obra, sino llamar la atención sobre lo que consideran un trato desigual e irrespetuoso por parte de las autoridades. Agregó que los comuneros están dispuestos a dialogar, pero no aceptarán ser señalados como criminales por ejercer su derecho a la protesta.
