La autoridad ambiental inició acciones de verificación tras la denuncia presentada por comuneros de San Miguel de Cauri y la Municipalidad Provincial de Lauricocha, quienes alertaron sobre una posible contaminación en las lagunas de Tinquicoccha y Caballococha. Según informó el Ministerio Público, el caso fue asumido por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental como parte de sus diligencias preliminares.
De acuerdo con la Fiscalía, el equipo encabezado por el fiscal provincial César Gonzales y la fiscal adjunta Judith Rojas realizó una recolección de muestras complementarias acompañado por representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y peritos del EFOMA. Las instituciones participantes señalaron que el trabajo de campo busca determinar si existe afectación a los recursos hídricos y cuál sería su origen.
Inspección técnica en Caballococha
Durante la inspección realizada en la laguna Caballococha, el Ministerio Público comunicó que no se identificaron vertimientos visibles de aguas industriales o mineras. Según detallaron los especialistas presentes, todas las muestras fueron lacradas y trasladadas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), donde se analizarán parámetros físico-químicos y biológicos que permitirán descartar o confirmar la presencia de contaminación.
Las entidades técnicas enfatizaron que los resultados aún no están disponibles y que cualquier conclusión dependerá estrictamente del análisis certificado. De acuerdo con información proporcionada por el equipo fiscal, los exámenes contemplan estándares ambientales recogidos en la normativa nacional.
Nuevas diligencias en la zona
Según indicó el fiscal César Gonzales Ramos, la Fiscalía programará nuevas visitas a Santa Ana Alta, Santa Ana Baja y Gayco, además de una segunda verificación en Caballococha. El Ministerio Público señaló que estas diligencias adicionales buscan ampliar la cobertura del muestreo para obtener un panorama más preciso de la situación ambiental.
Las entidades participantes reiteraron que continuarán coordinando para evaluar un posible daño y, de confirmarse alguna afectación, determinar responsabilidades conforme al marco legal vigente.
