Huánuco vive este jueves 20 de noviembre una jornada decisiva en materia de orden público, licencias municipales y seguridad ciudadana. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia evalúa hoy el polémico caso de la discoteca Bunyar, cuyo funcionamiento ha sido cuestionado por vecinos, fiscalizadores y autoridades edilicias por presuntas irregularidades y riesgos para la comunidad.
De acuerdo con fuentes del entorno judicial, el pronunciamiento de la sala en segunda instancia será definitivo en este proceso, que enfrenta a la Municipalidad Distrital de Amarilis con los administradores del establecimiento y con la empresa titular del local, Pachawala E.I.R.L.
Uno de los elementos más esperados es la posición que adopte la magistrada Ana Cecilia Garay, cuya postura sería determinante para inclinar la balanza en un fallo que podría sentar un precedente legal en la regulación de establecimientos nocturnos en Huánuco.
Entre los puntos centrales que evalúa la justicia civil destacan: Si la discoteca ha vulnerado normas municipales en materia de seguridad y licencias. Sí la municipalidad actuó dentro del marco legal al ejecutar medidas de clausura y tapiado. El impacto de la actividad comercial nocturna sobre la tranquilidad vecinal. La posibilidad de establecer un precedente judicial para otras intervenciones similares.
Advertencias
De acuerdo con lo informado por la Municipalidad de Amarilis, la discoteca Bunyar fue objeto de múltiples advertencias previas por parte de las áreas técnicas, sin que la empresa responsable —según la comuna— haya corregido las observaciones de seguridad ni regularizado su licencia.
Asimismo, se señaló que la medida cautelar que permitió la reapertura del local fue anulada por la misma Sala Civil en enero de 2025, lo que, en opinión del municipio, dejaría sin sustento jurídico el funcionamiento actual del establecimiento.
El cierre del local fue dispuesto en 2024 por la Gerencia de Desarrollo Económico de Amarilis, al amparo de la Ordenanza Municipal N.º 029-2019 y la Resolución Gerencial N.º 1021-2024-MDA-GDE. Estas normativas facultan a la administración local a clausurar o tapiar locales que —según sus términos— “representen riesgo a la vida, la salud o el orden público”.
Consultados por este medio, representantes de la comuna señalaron que dichas acciones se ejecutaron tras reiteradas fiscalizaciones, exhortaciones formales y vencimientos de plazos administrativos. No obstante, la empresa titular habría continuado operando el local de manera regular, apelando nuevamente a recursos legales.
Según juristas consultados, el fallo de hoy podría convertirse en jurisprudencia administrativa regional, ya que consolidaría criterios sobre los límites de intervención municipal y los derechos de los empresarios de locales nocturnos. También se evalúa el alcance de las medidas correctivas dictadas cuando se denuncia una afectación a la tranquilidad vecinal.
La Defensoría del Pueblo y entidades de fiscalización ciudadana han seguido de cerca el caso, aunque hasta ahora no se han pronunciado públicamente sobre el fondo de la disputa.
Desde el entorno vecinal de la zona donde se ubica Bunyar, diversas personas han manifestado su preocupación por el ruido, la inseguridad y el presunto consumo de sustancias ilegales en el entorno del local, aunque estas afirmaciones no han sido corroboradas oficialmente.
