El Pleno del Congreso no logró aprobar la inhabilitación por diez años contra la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, quien fue acusada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La medida quedó desestimada por un estrecho margen de cinco votos, lo que mantiene abierta su eventual candidatura al Senado en las elecciones generales de 2026.
Según el registro oficial, el informe final presentado por la congresista Patricia Chirinos obtuvo 63 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, sin alcanzar el mínimo de 68 votos requeridos para la aprobación de una inhabilitación constitucional.
El caso de Betssy Chávez había sido previamente evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que el 7 de noviembre aprobó la denuncia que también involucra al expresidente Pedro Castillo y al exministro del Interior, Willy Huerta. Sin embargo, mientras los procesos contra Castillo y Huerta esperan confirmación en la Comisión Permanente, el caso de Chávez fue llevado al Pleno, sin éxito.
En respuesta al resultado, diversas bancadas como Renovación Popular, Fuerza Popular y Honor y Democracia respaldaron el pedido de reconsideración impulsado por el congresista Jorge Montoya. La parlamentaria Norma Yarrow presentó un segundo recurso para insistir en una nueva votación. Según la bancada de Rafael López Aliaga, esta nueva ronda evidenciará “quiénes blindan a Betssy Chávez”.
De manera paralela al proceso político en el Congreso, Betssy Chávez continúa afrontando un juicio oral ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. El Ministerio Público la acusa por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, con un pedido fiscal de hasta 25 años de prisión.
Actualmente, Chávez se encuentra bajo asilo diplomático en la Embajada de México en Lima. No obstante, el Tribunal ha ratificado que el juicio continuará sin necesidad de su presencia física, permitiendo la intervención de su defensa legal.
Cabe recordar que la exministra fue liberada de prisión preventiva tras una resolución del Tribunal Constitucional que alegó exceso de carcelería. Sin embargo, el Poder Judicial le impuso una orden de impedimento de salida del país por diez meses, medida que ha quedado en entredicho debido a su situación de asilo.
La votación en el Congreso refleja la fragmentación actual entre las bancadas y la falta de consenso para sancionar políticamente a exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo. Mientras algunos sectores consideran la inhabilitación como una medida necesaria para salvaguardar la institucionalidad democrática, otros han cuestionado el debido proceso y la celeridad del juicio parlamentario.
