Los tramos Ayapiteg y Chavinillo, claves para la conectividad del norte de Huánuco, permanecen paralizados por una combinación de factores que revela un problema más profundo que una simple interrupción constructiva. Las obras, a cargo de Provías Nacional, se han detenido por interferencias arqueológicas, resistencia social a la reubicación y procesos administrativos que avanzan a paso lento. Este escenario, lejos de ser un obstáculo técnico más, desnuda falencias de planificación que afectan directamente el derecho de miles de ciudadanos a contar con infraestructura digna y oportuna.
La situación no puede reducirse a una discusión técnica entre funcionarios. Lo que está en juego es la oportunidad de desarrollo de comunidades que dependen de estas vías para acceder a salud, comercio, educación y servicios básicos. Mientras se afina —otra vez— un conjunto de alternativas, la población sigue esperando soluciones que debieron preverse desde la fase inicial del proyecto.
En Ayapiteg, según expuso el especialista en Liberación de Predios, Agustín Aira Caqui, la detección de restos arqueológicos durante la evaluación de variantes obligó a reconsiderar el trazo previsto. Provías Nacional plantea ahora intervenir el camino existente con los estándares técnicos correspondientes. Es una salida posible, sí, pero evidencia que el proyecto nació sin un diagnóstico pleno del territorio, sin dimensionar los valores patrimoniales que hoy detienen las máquinas.
La complejidad en Chavinillo es aún mayor. Aira detalló que tanto la alternativa alta como la baja enfrentan restricciones arqueológicas que requieren rescates autorizados por el Ministerio de Cultura, procesos que pueden tardar meses e incluso años. A ello se suma una realidad social que no ha sido atendida con seriedad: más de 150 viviendas ocupan el trazo original, muchas de ellas sostén de actividades comerciales que impiden cualquier intento de reubicación. La respuesta no puede seguir siendo “ya veremos”. Las comunidades necesitan certezas, no diagnósticos eternos.
Provías Nacional y las autoridades locales anuncian que el 25 de noviembre se definirá el futuro de ambos tramos. Pero una fecha en la agenda no basta para disipar la creciente desconfianza. La única comunidad que aún no recibe compensación por liberación de predios —Chavinillo— enfrenta conflictos internos que agravan el retraso. Sin un acuerdo interno sólido, sin una estrategia social firme y sin claridad técnica, cualquier decisión corre riesgo de fracasar antes de ejecutarse.
