El serio deterioro de la carretera Yanahuanca–Ambo es hoy un síntoma visible de un problema mayor: la incapacidad del Estado para garantizar siquiera las condiciones mínimas de conectividad en una zona que depende de esta vía para sostener su economía local y su vida cotidiana.
Según lo señalado por Heber Huaynate Bonilla, cerca de 45 kilómetros del tramo presentan daños severos, mientras que la parte pavimentada apenas mantiene un estado “regular”. Se trata de información proporcionada por un exfuncionario que ha recorrido y observado de manera directa un problema que, para la población, ya dejó de ser novedad y pasó a convertirse en resignación.
Lo expuesto por Huaynate es grave no por la crítica política, sino por lo que revela: la ausencia de Provías Nacional en una carretera que se encuentra bajo su jurisdicción. De acuerdo con su testimonio, no existe maquinaria, personal operativo ni supervisión técnica en el tramo afectado. Esa omisión institucional no se explica solo por falta de recursos; habla de una desconexión profunda entre el diseño estatal y las necesidades territoriales.
El impacto es concreto y diario. El incremento del pasaje interprovincial de S/ 20 a S/ 30 —según informó Huaynate— no es un “ajuste” comercial, sino una carga directa para poblaciones que dependen de esta movilidad para acceder a mercados, centros de salud o instituciones educativas. El aumento del tiempo de viaje, que pasó de menos de dos horas a casi tres, tampoco es un dato menor: refleja un riesgo mayor para los pasajeros y un deterioro que afecta tanto la seguridad como la economía doméstica.
El retroceso en el turismo, mencionado por la misma fuente, confirma que la carretera dejó de ser un eje de integración para convertirse en un obstáculo permanente. Las actividades productivas, especialmente las agrícolas, también enfrentan dificultades adicionales para trasladar su mercadería hacia la región central y la capital.
La advertencia de que la situación podría agravarse con la temporada de lluvias, sumada al tránsito de vehículos pesados que usan esta vía como ruta alterna, debería activar mecanismos de prevención. En cambio, predomina la inercia.
La región necesita que Provías Nacional aclare de manera pública cuál es el estado real de esta vía, qué acciones están programadas y en qué plazos. También corresponde que el Gobierno Regional de Pasco y las municipalidades involucradas definan una postura común y exijan formalmente la intervención que corresponde.
