La Red de Salud Leoncio Prado enfrenta una denuncia pública por presuntas irregularidades en el reciente proceso de ascensos de personal. Según afirmó el abogado Marzolini Ventura Echevarría, en representación de la licenciada en enfermería Lila Barboza Sauñe, el concurso habría beneficiado a profesionales que no cumplían los requisitos legales establecidos, vulnerando directamente el Decreto Supremo N.º 013-2025.
Ventura aseguró que al menos 12 trabajadores del área de enfermería habrían sido promovidos sin tener los años de servicio exigidos ni la permanencia mínima en la plaza. A su juicio, estos hechos configuran un proceso viciado que debe ser declarado nulo y sujeto a investigación administrativa y penal.
El letrado señaló como principales responsables a la directora de la Red de Salud, Fiorella Vásquez Pérez, y a los miembros de la comisión evaluadora. “Se han otorgado ascensos exprés, burlando la ley, y perjudicando a quienes sí cumplieron los requisitos”, denunció.
Ventura apunta a direccionamiento
Durante su declaración ante los medios, el abogado Ventura sostuvo que los ascensos otorgados a profesionales sin la trayectoria exigida podrían constituir un favorecimiento indebido. Indicó que muchos de los beneficiarios recién habrían obtenido el título profesional en 2017, tras cambiar de grupo ocupacional, y que aun así fueron promovidos dos niveles, algo que —según dijo— “no resiste ni una simple operación matemática”.
“El reglamento es claro: para subir dos niveles, se necesitan al menos diez años de servicio como licenciado, y cinco años en el mismo puesto. Aquí no se cumplió ni lo uno ni lo otro”, expresó.
Asimismo, acusó a la directora Fiorella Vásquez y a la comisión —integrada por Karin Salazar Cortijo y asesorada por el abogado Eduard Ríos— de no garantizar la transparencia del proceso. El abogado relató que, al intentar dialogar con la comisión los días 13 y 14 de octubre, no logró ser atendido.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el cierre de esta edición, ninguna de las personas mencionadas ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.
Denuncian exclusión arbitraria
Ventura también denunció una supuesta evaluación discriminatoria en contra de su patrocinada, Lila Barboza Sauñe, quien —según indicó— sí cumple con todos los requisitos legales, pero solo fue ascendida un nivel. “No estamos exigiendo un ascenso extra; estamos exigiendo que se aplique la ley a todos por igual”, subrayó.
El abogado señaló que esta desigualdad fue advertida formalmente antes de concluir el proceso. Según explicó, el 16 de septiembre ingresó a mesa de partes un documento solicitando a la comisión mayor rigor en la verificación de méritos. El escrito no habría recibido respuesta.
De manera enfática, Ventura exigió que el concurso sea declarado nulo y que se sancione a los responsables por vulnerar principios constitucionales como la meritocracia, la igualdad y la legalidad en el acceso y promoción al servicio público.
Formalizarán denuncia penal
La denuncia no se quedará en el ámbito mediático. Ventura anunció que formalizará la acusación ante la DIRESA Huánuco, la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Red, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y el Gobierno Regional. Además, anticipó acciones penales con el objetivo de que el caso sirva de precedente en la región.
“El gobernador Antonio Pulgar Lucas no puede evadir responsabilidad política. Esta funcionaria fue designada por confianza, sin sustento en la meritocracia, y los resultados están a la vista”, expresó Ventura.
