La adquisición de una aeronave de transporte para la Policía Nacional del Perú se ha convertido en el centro de un nuevo escándalo que involucra presuntos actos de corrupción en el Ministerio del Interior. La Contraloría General de la República advirtió sobre serias irregularidades en la operación, que terminó con la compra de un avión Antonov AN-74, antiguo, de segunda mano y por un monto que duplicaría su valor de mercado.
Proveedor fantasma
Según documentos de la Oficina de Control Institucional (OCI), el 6 de noviembre se notificó al ministro Vicente Tiburcio Orbezo que la aeronave adjudicada no cumplía con los requisitos técnicos establecidos en las bases del proceso. El 31 de octubre, su despacho aprobó la propuesta de la empresa Aero Express FZE, que ofreció un Antonov AN-74, pese a que este modelo no se fabrica desde 2014 y no era nuevo, como solicitaba la PNP.
De acuerdo con la Contraloría, Aero Express FZE no representa oficialmente a la fabricante Antonov y opera desde Emiratos Árabes Unidos, lo que contraviene el requisito clave de adquisición directa al fabricante. El embajador de Ucrania en Lima, Yuriy Polyukhovych, también informó oficialmente al gobierno que dicha empresa no tiene ningún vínculo con la fábrica ucraniana y que el avión ofertado ya tenía una década de uso.
Aprobaron la compra cuestionada
Aunque el Ministerio del Interior alegó que el proceso comenzó en un gobierno anterior, la decisión final de contratar con Aero Express FZE fue tomada por funcionarios del actual régimen del presidente José Jerí. En específico, el nuevo jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), Ronnie Matienzo Mendoza —nombrado el 25 de octubre—, aprobó la compra apenas seis días después de asumir el cargo.
La aeronave fue adquirida por un total de US$63,9 millones, pese a que el valor estimado en el mercado por una unidad similar es inferior a US$30 millones, de acuerdo con declaraciones del embajador Polyukhovych. El sobrecosto alcanzaría así los US$33,3 millones, una cifra alarmante que pone en duda la transparencia del proceso.
Contraloría observó irregularidades
El Ministerio del Interior emitió un comunicado indicando que invitaría a la Contraloría para acompañar el proceso, sin embargo, esta ya había emitido un informe advirtiendo que la compra no cumplía con las bases técnicas del concurso. De hecho, la Contraloría recomendó no continuar con el contrato por considerar que este fue adjudicado sin cumplir los criterios legales ni técnicos establecidos desde 2019.
La versión institucional de transparencia también fue desmentida en los hechos: el propio Ronnie Matienzo —quien autorizó la adquisición— renunció apenas el 14 de noviembre, cuatro días después del informe de la Contraloría, en lo que diversos sectores consideran un intento de evadir responsabilidades.
Piden anulación inmediata de la compra por seguridad de policías
Organismos de control y fuentes diplomáticas coinciden en que el avión adquirido no solo representaría un perjuicio económico para el Estado, sino también un riesgo operativo para los policías que usarían la aeronave. La OCI ya indicó que el contrato no debe proceder, y distintas voces exigen que el ministro Vicente Tiburcio anule la compra de inmediato, como medida urgente para preservar fondos públicos y salvaguardar vidas humanas.
