Hay realidades que avergüenzan, y una de las más dolorosas es la que viven los maestros jubilados del país. Cada semana, las calles y plazas del Perú vuelven a llenarse de adultos mayores que, con esfuerzo y dignidad, exigen lo que el Estado les debe desde hace años. No piden privilegios ni favores: reclaman el pago de su tiempo de servicio, pensiones justas y atención a una deuda social que ha sido postergada, ignorada y, en el peor de los casos, negada. Según señalaron diversos gremios durante las recientes jornadas de protesta, muchos de estos docentes sobreviven con montos indignos, muy por debajo del costo de vida actual, y otros han fallecido sin obtener respuesta ni reconocimiento por décadas de trabajo público.
El problema, reiterado hasta el cansancio por sindicatos como el SUTEP y organizaciones de cesantes y jubilados, no es nuevo. Sin embargo, las autoridades persisten en tratarlo como si fuera una anécdota administrativa. De acuerdo con los voceros entrevistados en las últimas movilizaciones, el Congreso y el Poder Ejecutivo no han cumplido con los compromisos legislativos y presupuestales que ellos mismos anunciaron. El retraso en las reformas pensionarias, el incumplimiento de bonos prometidos y la falta de voluntad para autorizar pagos de la deuda social, como lo denunciaron representantes en regiones como Huánuco, agravan un escenario ya marcado por la precariedad y el abandono.
La indignación expresada por los maestros retirados, según manifestaron sus dirigentes, tiene sustento: algunos perciben menos de S/140 al mes, otros no han recibido el segundo tramo de aumentos anunciado y miles siguen a la espera de la escolaridad que debería haberse pagado hace años. Mientras tanto, se discuten normas que, de acuerdo con sus organizaciones, podrían llevar a la desaparición progresiva de la ONP y forzar el traslado de los jubilados al sistema privado, generando incertidumbre y temor entre quienes han dedicado su vida entera al servicio público.
En ese contexto, la denuncia sobre la falta de gestión en regiones resulta especialmente preocupante. Según informó el gremio de cesantes de Huánuco, el Gobierno Regional no ha tramitado la autorización ante el Ministerio de Economía y Finanzas para utilizar los saldos presupuestales destinados al pago de la deuda social, a diferencia de otras regiones que sí han avanzado en ese proceso. Esta omisión, de acuerdo con sus voceros, incrementa el sufrimiento de docentes que ya se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
