La falta de ejecución del Presupuesto Institucional destinado a los Planes de Fiscalización (PTAF) aprobados por el Concejo Municipal de Huánuco ha generado preocupación entre los regidores provinciales, quienes exhortaron al alcalde Juan Antonio Jara Gallardo a cumplir las obligaciones legales que rigen la función fiscalizadora. Según el Oficio N.º 0/-2025-MPHCO, remitido el 11 de noviembre de 2025, los regidores solicitaron que el burgomaestre disponga las acciones necesarias para garantizar que los recursos aprobados sean ejecutados conforme a ley.
El documento señala que los Planes de Fiscalización del segundo semestre del ejercicio presupuestal 2025 fueron debidamente presentados y aprobados en sesión de concejo, incluyendo actividades, cronograma de trabajo y requerimientos. No obstante, según los firmantes, la ejecución de dichos recursos no se habría concretado hasta la fecha, situación que podría afectar el cumplimiento de la función fiscalizadora establecida en el marco normativo vigente.
Regidores exigen cumplimiento de acuerdos y advierten posible comunicación al OCI
De acuerdo con el contenido del oficio, los regidores enfatizaron que la ejecución presupuestal de los PTAF es “obligatoria y vinculante” para la administración municipal, conforme a la Ley N.º 31433, que incorpora el numeral 9.3 al artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Este numeral precisa que los recursos destinados a fiscalización forman parte del presupuesto institucional de apertura y deben ejecutarse bajo responsabilidad del titular del pliego, siguiendo los planes de trabajo aprobados por el concejo.
El documento también cita la Directiva N.º 010-2024-CG/PREVI, emitida por la Contraloría General de la República, la cual establece que las entidades deben garantizar la asignación y ejecución oportuna de los recursos aprobados para cumplir el Plan de Fiscalización. Los regidores recordaron que el titular del pliego y los funcionarios competentes tienen la responsabilidad de asegurar su adecuada implementación.
En el oficio se indica que, pese a las solicitudes realizadas a la Oficina General de Administración, los requerimientos para contratar los bienes y servicios necesarios no habrían recibido la atención inmediata solicitada. Por ello, los regidores comunicaron que, de persistir estos retrasos, la situación será puesta en conocimiento del Órgano de Control Institucional (OCI) para que adopte las acciones pertinentes dentro de sus atribuciones, conforme a la Resolución de Contraloría N.º 317-2024-CG.
Exhortan al alcalde a ejecutar recursos aprobados
El oficio enfatiza que el incumplimiento injustificado del programa de fiscalización podría generar responsabilidad funcional según el Sistema Nacional de Control. Los regidores sostienen que esta situación afecta directamente la capacidad del concejo para ejercer el control político y administrativo previsto en la normativa municipal, e instan al alcalde a garantizar la ejecución de los montos aprobados.
Asimismo, recuerdan que el artículo 20, inciso 3, de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que es atribución del alcalde ejecutar los acuerdos del concejo municipal bajo responsabilidad. En ese sentido, reiteran la necesidad de que se dispongan medidas inmediatas para viabilizar la ejecución del PTAF correspondiente al segundo semestre de 2025.
El documento, suscrito por la regidora Ilusha Torres Peña, recalca que la falta de ejecución presupuestal afecta la transparencia y el equilibrio de funciones entre la administración municipal y la labor fiscalizadora del concejo, motivo por el cual exigen una pronta respuesta de la autoridad edil.
