El anuncio de la precandidatura al Senado del expresidente Pedro Castillo ha reabierto el debate sobre los requisitos legales para postular a un cargo público. A pesar de que el exmandatario enfrenta un proceso penal por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, la ley no le impide, por ahora, participar en las Elecciones Generales de 2026, siempre que no sea condenado o inhabilitado formalmente antes del cierre de inscripción.
Los abogados José Naupari y José Villalobos, especialistas en derecho electoral, explicaron que la mera existencia de un proceso penal no constituye impedimento alguno para postular a cargos de elección popular.
Ambos coincidieron en que el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú señala con claridad que el impedimento se genera solo cuando existe una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso, algo que en el caso de Castillo aún no ocurre. “El impedimento surge a partir de una sentencia condenatoria, que Pedro Castillo no tiene aún”, precisó Naupari.
Además, Villalobos agregó que Castillo tampoco ha sido inhabilitado por el Congreso, por lo que no hay actualmente ningún obstáculo legal que le impida postular.
Aunque Pedro Castillo sigue siendo investigado penalmente, la defensa ya ha presentado sus alegatos, y se espera que el Poder Judicial emita una sentencia en las próximas semanas.
El especialista José Villalobos advirtió que, si el Congreso logra inhabilitarlo antes del 23 de diciembre (fecha límite para la inscripción de listas), o si el Poder Judicial emite una condena en primera instancia, quedaría fuera de carrera. En ese escenario, el Jurado Nacional de Elecciones no podría aceptar su candidatura.
No obstante, si ninguno de estos escenarios se concreta a tiempo, Castillo estaría legalmente habilitado para postular al Senado, incluso si la sentencia o la inhabilitación se dieran después de su inscripción. “Con condena penal firme hasta un día antes de la elección puede ser excluido”, precisó Villalobos.
En paralelo, el Congreso de la República avanza con su propio proceso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por Lady Camones, aprobó con 10 votos a favor y 3 en contra el informe final que recomienda la inhabilitación de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta.
El informe señala que los exfuncionarios habrían vulnerado la Constitución al intentar quebrar el orden democrático el 7 de diciembre de 2022. La congresista Ana Zegarra, encargada de sustentar el documento, aseguró que se ha respetado el debido proceso y que las medidas propuestas están dentro de los “parámetros constitucionales”.
La decisión final queda en manos del Pleno del Congreso, que deberá votar si procede la inhabilitación política por 5 años o más, lo que dejaría automáticamente fuera de juego al exmandatario en el proceso electoral de 2026.
