La provincia de Huamalíes enfrenta una grave crisis de infraestructura y abandono institucional. El Hospital de Llata, considerado una obra emblemática de la región, sigue sin estar plenamente operativo. El consejero delegado Ricardo Prado denunció que el establecimiento de salud no cuenta con el equipamiento completo ni con la transferencia de bienes esenciales como ambulancias y vehículos, a pesar de haber sido inaugurado oficialmente.
Prado alertó, además, que el tema más crítico es el mantenimiento del hospital. Según indicó, la minera Antamina no ha asumido formalmente ese compromiso, lo que deja en incertidumbre la sostenibilidad de los servicios médicos. Este tema será abordado en la mesa técnica programada para el 17 de noviembre en Huamalíes.
MEF frena nuevos proyectos
En otro frente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dispuesto, según manifestó Prado, que solo se financiarán proyectos de continuidad hasta 2026. Esta decisión, advierte, pone en pausa múltiples proyectos clave en la provincia.
Las carreteras Tingo Chico – Llata – Antamina, Tantamayo – Carpa y Pachas – Llata – Singa, consideradas fundamentales para conectar zonas rurales, no tienen procesos de licitación ni presupuesto asegurado. “Si no logramos viabilidad inmediata en la mesa técnica, estas obras recién arrancarían en 2026”, advirtió.
Según el consejero, estos proyectos están estancados en fase de expediente técnico o sin convocatoria alguna, lo que compromete gravemente el desarrollo regional. El Diario Ahora solicitó información al MEF sobre la situación presupuestal de estas obras, sin obtener respuesta.
Denuncian marginación de autoridades
El consejero Prado fue contundente al denunciar una supuesta exclusión política de las autoridades locales en espacios de decisión nacional. Indicó que en recientes reuniones en Lima, vinculadas a proyectos de infraestructura y salud, ni él ni otros representantes del consejo regional o municipios distritales fueron admitidos.
“Nos hicieron esperar cuatro horas fuera de la sede. Solo dejaron ingresar al alcalde de Huánuco y a funcionarios afines. Hablan de puertas abiertas, pero la realidad es otra”, declaró. Para Prado, esta exclusión refleja un trato desigual y una “demagogia institucionalizada” por parte del Ejecutivo.
Hasta el momento, la Presidencia del Consejo de Ministros no se ha pronunciado sobre los criterios de acceso a dichas reuniones.
Una década de espera
La situación en Puños y Monzón pone rostro humano a la parálisis. El proyecto de agua y desagüe para Puños, valorizado en más de 43 millones de soles, lleva más de 10 años esperando aprobación. El alcalde del distrito estuvo presente en Lima buscando su viabilidad, sin éxito.
En Monzón, el panorama no es distinto. Prado declaró que las gestiones realizadas por su alcalde tampoco recibieron respuesta concreta, pese a la urgencia de las obras solicitadas. “Estas comunidades no pueden esperar más. Siguen sin servicios básicos y el Estado no escucha”, afirmó.
Consultado sobre el estado de estos proyectos, el Ministerio de Vivienda no brindó comentarios hasta el cierre de esta edición.
Salud pública en manos privadas
Una de las advertencias más delicadas de Prado fue la creciente dependencia del Estado respecto a la empresa minera Antamina. Mencionó que la sostenibilidad del Hospital de Llata, inaugurado con grandes expectativas, depende de si la empresa asume voluntariamente el mantenimiento.
“No es aceptable que la salud de miles de ciudadanos esté atada a la voluntad de una empresa privada. El Estado debe hacerse cargo y garantizar servicios permanentes”, enfatizó.
