Una nueva ofensiva legislativa desde el Congreso de la República ha encendido el debate público sobre los límites a la protesta social en el país. Esta vez, la congresista Elizabeth Medina, de la bancada Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR, con el que busca criminalizar la participación de manifestantes que oculten su identidad mediante el uso de máscaras, pasamontañas u otros elementos similares durante marchas o movilizaciones.
La propuesta plantea modificar los artículos 315° y 452° del Código Penal, estableciendo penas de entre 8 y 10 años de cárcel, así como multas de hasta 500 días, para quienes participen en disturbios impidiendo su identificación. La iniciativa también sanciona a quienes lleven a menores de edad o personas con discapacidad a protestas en las que se registren actos de violencia, con penas que incluyen prestación de servicios comunitarios y multas económicas.
La ofensiva legislativa no se detiene allí. El congresista Héctor Valer, también de Somos Perú, propuso una segunda norma que busca castigar con entre 6 y 10 años de cárcel el uso de pirotécnicos, fuegos artificiales o explosivos durante protestas sociales. La iniciativa —Proyecto de Ley N.º 12986/2025-CR— fue registrada el 24 de octubre y cuenta con el respaldo de varios miembros de su bancada.
De acuerdo con el texto, quienes usen productos pirotécnicos “con el propósito de causar daño, intimidar o poner en peligro la vida o integridad de policías o civiles” serán reprimidos con penas de hasta 10 años de prisión, y en caso de que dichas acciones resulten en lesiones graves o muertes, la pena se elevaría hasta los 15 años.
Esta propuesta surge luego de reportes sobre el uso de fuegos artificiales durante manifestaciones recientes contra el gobierno del presidente José Jerí, también afiliado a Somos Perú. La bancada ha señalado que su intención es “reforzar la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos”.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que este tipo de iniciativas podrían vulnerar derechos constitucionales, al imponer penas excesivas y ambiguas que desalientan la participación ciudadana en manifestaciones.
