La visita inopinada de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público a Huánuco no fue un gesto protocolar, sino un diagnóstico crudo de una institución que, en la región, parece caminar con muletas. Durante tres días, el jefe nacional del órgano, Juan Antonio Fernández Jerí, inspeccionó despachos sin agenda pública ni anuncios previos, encendiendo una alarma institucional que pocos se atreven a apagar: la Fiscalía está al borde del colapso operativo.
El propio presidente de la Junta de Fiscales, Jhon Martel Trujillo, lo reconoció sin eufemismos: la estructura fiscal en Huánuco funciona con un presupuesto mensual que apenas alcanza los 30 mil soles, destinado solo a servicios básicos. No hay fondos propios, no hay capacidad logística, y tampoco existe una política clara para fortalecer la lucha contra el delito. Pedirle eficiencia a una institución sin recursos es, sencillamente, exigirle heroísmo.
El mayor reflejo de esa precariedad se encuentra en las fiscalías anticorrupción. Martel admitió que los despachos especializados son el “punto débil” del sistema. Mientras los casos se multiplican, los fiscales escasean y los peritos brillan por su ausencia. La consecuencia es evidente: carpetas estancadas, investigaciones inconclusas y una ciudadanía que, con razón, percibe impunidad.
Entre los expedientes bajo revisión figuran proyectos emblemáticos: la carretera Huánuco–Tingo María, el puente y el estadio de Tingo María, y el hospital de esa misma ciudad. Obras millonarias que hoy son también símbolos de una enfermedad más profunda: la corrupción enquistada en los cimientos del desarrollo regional. Sin equipos técnicos suficientes, los procesos avanzan al ritmo de la burocracia, no de la justicia.
Más inquietante aún es el secretismo que rodeó la visita del órgano de control. Según Martel, la Junta de Fiscales no conocía la agenda ni el alcance de la inspección. ¿Cómo exigir transparencia a una institución que se fiscaliza a sí misma en la penumbra? La falta de información pública sobre los objetivos y resultados de esta visita no solo genera sospechas, sino que mina lo poco que queda de legitimidad del Ministerio Público ante la ciudadanía.
A ello se suma un contexto de creciente presión social y política. Mientras el Congreso autoriza nuevas investigaciones al Gobierno Regional de Huánuco, la Fiscalía promete colaboración, pero sin plazos ni compromisos verificables. Las palabras sobran; lo que escasea es la acción.
Martel ha sido claro al reconocer que la imagen del Ministerio Público está “mellada” a nivel nacional. Lo está porque la justicia se ha vuelto lenta, burocrática y distante. Lo está porque los fiscales trabajan sin respaldo suficiente, mientras la corrupción y la inseguridad avanzan con velocidad de vértigo. Y lo está, sobre todo, porque la sociedad ha dejado de creer que la Fiscalía pueda defenderla con eficacia.
