El alcalde distrital de Amarilis, Roger Hidalgo, expresó su preocupación ante lo que calificó como un “peligro inminente” para la población local debido a la acumulación de aproximadamente 17 mil metros cúbicos de escombros en el margen izquierdo de la quebrada Agorragra. Según indicó la autoridad edil, estos residuos provienen de una obra ejecutada por encargo del Gobierno Regional de Huánuco y estarían depositados en zonas que podrían activarse con la llegada de lluvias intensas.
De acuerdo con sus declaraciones, el volumen de desmonte acumulado representa un potencial riesgo para viviendas cercanas, por lo que solicitó la intervención urgente de las autoridades regionales y nacionales. “Advertimos desde hace meses que si no se retiran estos escombros, podría repetirse una desgracia como la del año pasado”, declaró Hidalgo a medios locales.
El alcalde afirmó que, si bien ha sostenido reuniones con representantes del Gobierno Regional, hasta el momento no se ha definido una fecha concreta para el retiro del material ni se ha ejecutado una solución efectiva. “Hay predisposición, pero no hay compromiso firme ni acciones claras”, añadió.
Conflicto con comuneros de Llicua Alta impide traslado de residuos
Uno de los principales obstáculos identificados por el burgomaestre es el cierre del acceso al botadero oficial por parte de los comuneros de Llicua Alta, quienes, según sostuvo, han condicionado la reapertura del lugar al cumplimiento de compromisos asumidos anteriormente por el Gobierno Regional de Huánuco.
Entre las exigencias planteadas por la comunidad, Hidalgo mencionó la mejora de curvas en la vía de acceso y la construcción de un reservorio en la zona. “Los comuneros han cerrado el paso al botadero porque el Gobierno Regional no ha cumplido. Se firmaron actas, se hicieron promesas, pero no se ha avanzado nada concreto”, manifestó.
El alcalde detalló que, pese a estos inconvenientes, existe un presupuesto asignado en el expediente técnico de la obra para el retiro del desmonte, lo que, en su opinión, agrava la situación al evidenciar que el retraso no se debe a falta de recursos, sino a descoordinación institucional. “El problema no es financiero, es de entendimiento entre la empresa, el Gobierno Regional y los comuneros”, puntualizó.
Asimismo, enfatizó que la Municipalidad de Amarilis cumple solo un rol de veeduría y acompañamiento técnico a través de Defensa Civil, y que no tiene competencia directa en la ejecución del traslado de escombros.
GOREHCO habría responsabilizado a comuneros
En otro tramo de sus declaraciones, Hidalgo manifestó que los comuneros de Llicua Alta se sienten injustamente responsabilizados por la paralización de la gestión de residuos. “Ellos nos han dicho que el Gobierno Regional los está culpando por no dejar pasar a los camiones, cuando en realidad es la falta de cumplimiento lo que ha provocado todo”, aseguró.
La autoridad edil sostuvo que su gestión ha realizado constantes gestiones ante el Ejecutivo regional, sin obtener hasta la fecha una respuesta definitiva. “Estamos esperando una solución concreta. No queremos que se culpe a la población cuando el origen del problema está en la falta de palabra de las autoridades regionales”, afirmó.
Llamado al Ejecutivo
Durante la entrevista, el alcalde también mencionó que ha elevado comunicaciones a diversas instancias del gobierno nacional para solicitar apoyo, entre ellas el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). “No hemos dejado de insistir para que se tomen cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde”, declaró.
En paralelo, informó que otras zonas del distrito ya han sido intervenidas como parte de las acciones de prevención ante emergencias por lluvias. Mencionó trabajos de descolmatación en sectores como Santa Sefora, San Germán, Huayopampa, Colpa Alta y los asentamientos humanos del puente Huallaga. Según precisó, estas labores se ejecutan con apoyo técnico del Ministerio de Vivienda.
Por otro lado, advirtió que el distrito de Amarilis enfrenta un problema adicional por las invasiones en zonas de ladera, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos. “Desde el año 2023 estamos trabajando con asesoría legal para evitar nuevas ocupaciones en los cerros”, manifestó.
Finalmente, reiteró su llamado a la acción conjunta entre gobierno regional, comuneros y empresa contratista para evitar que el caso Agorragra termine en una tragedia. “No podemos esperar a que pase algo para reaccionar”, enfatizó.
