Un operativo de desalojo fue ejecutado la mañana del viernes 7 de noviembre en el inmueble ubicado en el Jr. General Prado 859, en pleno centro de Huánuco, por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Poder Judicial. La acción comenzó alrededor de las 9:19 a. m. y llamó la atención de numerosos vecinos y transeúntes que se congregaron en la zona debido al despliegue policial y el cierre parcial de la vía.
Durante la intervención, se observó la presencia de más de 20 efectivos armados, así como vehículos oficiales, entre ellos una camioneta identificada con placa estatal GZ-341, que, según se indicó desde el lugar, pertenecería a una unidad del Poder Judicial. A pesar de los intentos de la prensa por obtener declaraciones oficiales, ni los representantes judiciales ni la Policía brindaron información concreta sobre los motivos del desalojo o el expediente que sustenta la diligencia.
La operación también contó con el apoyo de agentes de tránsito, quienes procedieron al retiro de vehículos estacionados en lo que ha sido catalogado como zona rígida. Este detalle fue observado por el reportero de este medio durante la transmisión en vivo realizada por la plataforma digital del Diario Ahora.
Presencia legal y tensión vecinal
En el lugar de los hechos, se presentó el abogado Javier Santillán, quien se identificó como defensor legal de la parte desalojada. Según declaró brevemente ante reporteros, su participación respondía a la necesidad de garantizar el debido proceso para sus representados, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre el estado legal del inmueble o la causa judicial específica en curso.
Asimismo, se pudo observar la llegada de otros abogados, quienes —según indicó el personal presente— representarían a la parte demandante. Sin embargo, sus nombres y su acreditación no fueron informados públicamente ni confirmados ante la prensa. Ninguno de ellos accedió a brindar entrevistas.
Vecinos de la zona manifestaron su desconcierto por la magnitud del operativo. Algunos de ellos indicaron a este medio que el inmueble intervenido funcionaba hasta hace poco como un restaurante de conocida trayectoria local, al que se refirieron como “La Casona Pre Estilística Recepciones”.
La falta de información clara por parte de las instituciones encargadas generó un clima de incertidumbre en la zona, donde no se precisó si existía una orden judicial firme ni si el proceso legal estaba siendo ejecutado en cumplimiento de sentencia definitiva o medida cautelar.
Cuestionamientos por uso de fuerza
El despliegue de más de 20 agentes policiales armados para una diligencia de desalojo de carácter civil fue interpretado por algunos asistentes como una posible medida desproporcionada. Si bien la seguridad de la operación fue garantizada por la presencia de la Policía Nacional, no se emitió ningún comunicado aclarando la necesidad de tal nivel de fuerza pública en un operativo que, hasta donde se pudo observar, se desarrollaba sin resistencia.
La negativa reiterada de los representantes del Poder Judicial y de los oficiales a cargo a brindar declaraciones o permitir acceso a documentos oficiales —como el expediente de desalojo, la resolución judicial o la identificación de los actores procesales— impidió que los medios pudieran contrastar los hechos en el momento.
El Diario Ahora transmitió en vivo desde la escena e informó a la audiencia que los detalles sobre las razones del desalojo aún estaban bajo investigación. “No se ha podido recoger declaraciones claras de las autoridades”, señaló el periodista, comprometiéndose a continuar con las indagaciones para la edición impresa del lunes.
