La reciente denuncia presentada por un ciudadano de Tingo María contra el regidor Manuel Santillán Calero, quien habría recibido S/ 40 mil a cambio de un puesto en el mercado municipal, vuelve a poner en evidencia un mal que se resiste a desaparecer de nuestra institucionalidad: la corrupción cotidiana, aquella que no se expresa en grandes contratos o licitaciones, sino en el uso indebido del poder para obtener ventajas personales.
Según la acusación formal presentada ante el alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, Mark Fuentes Reynoso, el denunciante Cassely Sabino Quijano afirma haber entregado el dinero en tres partes —todas mediante transferencias bancarias—, respaldadas por comprobantes, capturas de WhatsApp y grabaciones de cámaras de seguridad. Asegura, además, que el regidor le prometió un espacio comercial en el mercado municipal, compromiso que nunca se cumplió.
El expediente, que incluye transferencias, mensajes y videos, constituye una evidencia seria que demanda una respuesta inmediata y transparente. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la municipalidad no ha emitido pronunciamiento alguno. Esa omisión, más que prudencia, proyecta indiferencia. Y la indiferencia, en asuntos de ética pública, equivale a complicidad.
En los mensajes difundidos por el denunciante se lee su frustración ante la falta de cumplimiento. “Hermano, ya ha pasado mucho tiempo y no cumples con nada”, escribió. El silencio de la autoridad denunciada y la ausencia de acción institucional refuerzan la percepción de impunidad que erosiona la confianza ciudadana.
Más allá de los montos o del cargo en cuestión, el caso tiene implicancias profundas. Si se confirma que un funcionario electo recibió dinero a cambio de favores, estamos ante una traición a la confianza ciudadana, el cimiento mismo de la democracia local. El ciudadano Sabino Quijano sostiene que actuó “confiando en la palabra del regidor”. Esa confianza rota revela un drama mayor: la normalización del intercambio entre poder y dinero en los espacios municipales.
El Código Penal peruano tipifica como delitos de cohecho y tráfico de influencias los actos que involucren promesas, ofrecimientos o pagos a funcionarios a cambio de beneficios indebidos. No hay excusa posible. La ética no admite matices cuando se trata del manejo del poder público.
La denuncia, más que un escándalo, es una prueba de fuego para la gestión municipal de Leoncio Prado. El alcalde tiene ahora la oportunidad —y la obligación— de actuar con firmeza: abrir una investigación interna, remitir el caso al Ministerio Público y garantizar la devolución del dinero si los hechos se comprueban. Callar o demorar sería renunciar al deber más básico de la autoridad: defender el interés público.
