Un total de 12 hospedajes fueron intervenidos por la Municipalidad Provincial de Huánuco durante la última semana en distintos puntos de la ciudad. Así lo manifestó el gerente de Desarrollo Económico de la comuna, Teófilo Loarte, quien precisó que el objetivo de estos operativos fue verificar el cumplimiento de normativas municipales y de seguridad para el funcionamiento de establecimientos de hospedaje.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la fiscalización se realizó bajo el marco de la Ordenanza Municipal N.º 021-2023, la cual autoriza sanciones administrativas, como la clausura definitiva y la aplicación de multas equivalentes al 50 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), para aquellos locales que infrinjan las disposiciones establecidas.
Loarte señaló además que los operativos contaron con la participación de representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y, en casos que involucran a personas extranjeras, de la oficina regional de Migraciones. “Se trata de un trabajo articulado con todas las entidades competentes, donde cada una actúa dentro del ámbito de sus funciones”, indicó.
Según el gerente, las inspecciones se concentraron en zonas como la cuadra 7 de Huallayco, así como en las intersecciones de Huallayco con Ayacucho, Huánuco con 28 de Julio, y Abtao con Aguilar. También se detectó la presencia de personas en situación de atención en vía pública.
Solo un local fue clausurado
Consultado por los resultados de las intervenciones, Loarte detalló que de los 12 hospedajes visitados, únicamente uno fue clausurado de manera inmediata. Esta medida, explicó, se adoptó luego de que la Fiscalía de Trata de Personas levantara un acta en la que se consignan indicios de que el establecimiento habría estado operando como un prostíbulo clandestino.
“El acta fiscal determina la supuesta actividad irregular. Nosotros como Municipalidad intervenimos en lo que nos compete, pero la investigación recae en las instancias correspondientes”, declaró el funcionario. Asimismo, insistió en que la clausura se mantendrá vigente hasta que finalicen las diligencias del Ministerio Público.
Loarte aclaró que la Municipalidad no tiene facultades para aplicar sanciones penales, por lo que su participación se limita a clausuras y multas administrativas. “Las sanciones penales, de ser el caso, dependen exclusivamente de la Fiscalía y la Policía”, remarcó.
Respecto a las personas encontradas en el local clausurado, el gerente sostuvo que todas eran mayores de edad y negó que se haya registrado la presencia de menores. En cuanto a la posible participación de extranjeras, afirmó que ello deberá ser determinado por Migraciones y la PNP, entidades que continúan evaluando la información obtenida.
“El enfoque es preventivo y busca asegurar que los establecimientos operen con responsabilidad y dentro del marco legal”, sostuvo Loarte. Añadió que las inspecciones continuarán de forma periódica, no solo en hospedajes sino también en comercios, restaurantes, clínicas, y centros de atención diversa.
El dato
Según explicó el representante municipal, los hospedajes intervenidos fueron fiscalizados principalmente por tres aspectos: contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), tener autorización vigente de turismo, y demostrar condiciones adecuadas de funcionamiento para el giro que se les ha otorgado.
Asimismo, advirtió que si un local reincide en operar tras haber sido clausurado por la Municipalidad, ello podría configurar un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, y dar pie a una denuncia penal.
En esa línea, Loarte indicó que ya existen dos casos en los que se han presentado denuncias por este motivo, aunque aclaró que no se trata de hospedajes, sino de ferreterías y comercios informales dedicados, entre otros, a la venta no autorizada de billetes.
Presunción de inocencia
Sobre el caso del local clausurado, Loarte fue enfático en precisar que la Municipalidad ha actuado en cumplimiento de su función fiscalizadora, pero no afirma que el delito se haya consumado. “Es un procedimiento en curso, donde la Fiscalía determinará si hubo o no actividad ilegal. Nosotros respetamos la presunción de inocencia”, declaró.
