El reciente desprendimiento parcial de la estructura metálica del techo del complejo deportivo de Paucarbamba, en el distrito de Amarilis, debe ser asumido como una señal de alerta. No se trata de un hecho trágico —pues afortunadamente no se ha reportado la pérdida de vidas humanas—, sino de un recordatorio de cuánto cuesta construir y lo poco que, en algunos casos, duran las obras financiadas con dinero público.
La información difundida por los propios vecinos revela que una parte del techo fue levantada por los vientos y que el complejo, administrado por el Gobierno Regional de Huánuco, presentaba signos de deterioro desde semanas atrás. Más allá de la magnitud del daño, lo que preocupa es el fondo del asunto: el escaso control sobre la calidad de las construcciones y la falta de mantenimiento oportuno de infraestructuras que deberían servir a la comunidad por décadas.
Cada estructura pública debería ser una promesa cumplida y no una preocupación constante. En Huánuco, lamentablemente, muchas obras parecen diseñadas para el corto plazo: se inauguran con entusiasmo y se abandonan con rapidez. Cuando un techo metálico se desprende a poco tiempo de haber sido instalado, la pregunta no es solo técnica, sino ética.
¿Quién supervisa? ¿Quién garantiza que lo construido cumple los estándares mínimos de seguridad? ¿Y por qué, una vez terminada la obra, nadie se ocupa de conservarla?
El problema no radica únicamente en la fuerza del viento, sino en la debilidad del sistema de control. La ciudadanía tiene derecho a saber qué materiales se usaron, quién los aprobó y qué entidad es responsable del mantenimiento. El silencio o la falta de claridad solo profundizan la desconfianza.
El complejo de Paucarbamba fue concebido como un espacio para el deporte y la integración. Su deterioro prematuro debería llevarnos a reflexionar sobre la manera en que tratamos los bienes comunes. Las obras públicas no son trofeos políticos ni estructuras de paso: son inversiones colectivas que deben durar y servir.
Por eso, más que buscar culpables, urge que las autoridades locales y regionales revisen los protocolos de supervisión, transparenten los contratos y activen un programa serio de mantenimiento preventivo.
Cuidar lo que se construye con dinero del pueblo es una forma de respetar al propio pueblo. Y si un techo se levanta con el viento, no basta con repararlo: hay que revisar todo el sistema que permitió que ocurriera.
