La voz de Jessica Díaz Borges, defensora ambiental del pueblo asháninka, resuena como una denuncia urgente en medio del silencio estatal. Su historia, marcada por amenazas, secuestro y tortura, expone una realidad que el país se niega a enfrentar: la impunidad y la corrupción que rodean a la minería ilegal en la selva de Huánuco. Según su testimonio, los campamentos mineros que operan a orillas del río Pachitea no solo destruyen el bosque y contaminan el agua, sino que también imponen el miedo como forma de control. Desde 2022, Díaz Borges vive escondida tras denunciar estos hechos, mientras los responsables, asegura, continúan libres y operando con total normalidad.
Lo más grave de su relato no es solo la violencia que padece, sino la indiferencia institucional. La activista ha denunciado reiteradamente que algunos fiscales del Ministerio Público de Puerto Inca habrían recibido sobornos para archivar investigaciones relacionadas con los operadores mineros ilegales. Aunque tales acusaciones deben ser investigadas con rigor y sin apresuramientos, revelan una sospecha peligrosa: que la justicia local podría estar contaminada por los mismos intereses que destruyen la Amazonía. En contextos donde la corrupción se normaliza, el acceso a la verdad y la justicia se vuelve un privilegio, no un derecho.
Díaz Borges ha buscado amparo en Lima, recurriendo al Órgano de Control Interno del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, sin obtener aún resultados concretos. Su caso no es aislado. Organizaciones indígenas advierten que al menos catorce defensores asháninkas han denunciado a los mismos mineros sin recibir protección. La selva peruana se ha convertido en un territorio donde los que defienden la vida deben esconderse para sobrevivir. Y mientras tanto, los delitos ambientales y los crímenes contra líderes comunales crecen al amparo de la inacción del Estado.
Puerto Inca no es solo un punto en el mapa; es el reflejo de una fractura nacional. La desconfianza en las instituciones, la falta de resguardo policial y la impunidad judicial evidencian un sistema que abandona a sus ciudadanos más vulnerables. La defensa del medio ambiente no puede seguir siendo un acto heroico condenado al sacrificio. La lucha de Jessica Díaz Borges interpela directamente al Estado peruano: o se limpia la justicia o se perpetúa la complicidad.
El país necesita más que promesas y discursos. Requiere una respuesta institucional firme que proteja a quienes, con su vida, defienden la tierra y el agua. Sin justicia efectiva, no hay Estado; sin protección a los defensores, no hay futuro posible para la Amazonía ni para el Perú.
