Jessica Díaz Borges, reconocida defensora ambiental del pueblo asháninka, vive con temor permanente tras denunciar la contaminación provocada por la minería ilegal en el distrito de Puerto Inca, región Huánuco. Según su testimonio, los responsables de los campamentos mineros que operan a orillas del río Pachitea habrían atentado contra su vida luego de que hiciera públicas las actividades ilícitas que destruyen el bosque y contaminan las fuentes de agua que abastecen a las comunidades nativas.
La activista relató que en 2022 fue secuestrada y torturada por presuntos mineros ilegales, hecho que denunció ante las autoridades sin que, hasta hoy, se haya identificado ni sancionado a los responsables. “Yo quiero ver justicia antes de que me maten. Hace tres años vivo amenazada y ellos siguen libres, viviendo alrededor de mi casa”, declaró Díaz Borges durante su reciente visita a Lima, donde acudió a diversas instituciones en busca de protección y apoyo legal.
Defensora asháninka denuncia corrupción en fiscales de Puerto Inca
En su relato, Jessica Díaz sostuvo que la impunidad en su caso responde a una presunta red de corrupción en el Ministerio Público de Puerto Inca. Según manifestó, algunos fiscales habrían recibido sobornos para archivar las investigaciones vinculadas a los campamentos mineros. “Los fiscales son comprados. Ellos acostumbran a recibir dinero para dejar libres a los secuestradores”, señaló, mencionando además que su propio abogado habría sido presionado para abandonar la causa.
La defensora indicó que, tras agotar los canales judiciales en su provincia, decidió trasladarse a Lima para presentar una queja formal ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público y exigir garantías para su vida. Afirmó que, pese a las múltiples amenazas y atentados sufridos, no cuenta con resguardo policial ni apoyo efectivo del Estado. “Vivo escondida, pero sigo luchando. No solo por mí, sino por mis seis hijos y por toda mi comunidad”, expresó con voz quebrada.
Comunidades nativas denuncian contaminación y violencia creciente
Organizaciones indígenas y ambientales han alertado en repetidas ocasiones sobre la expansión de la minería ilegal en Puerto Inca, especialmente en los sectores de Honoria y Tournavista, donde los ríos presentan altos niveles de contaminación por mercurio. Sin embargo, los operativos de interdicción han sido escasos y, según los dirigentes, los campamentos suelen reactivarse pocos días después de ser intervenidos.
Durante su permanencia en Lima, Jessica Díaz Borges presentó documentación ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, solicitando medidas de protección inmediatas. Indicó que no busca compensaciones económicas, sino garantías para continuar con su labor de defensa ambiental sin temor a represalias. “Yo no soy minera. Vivo de mis animales y de mi trabajo. Solo quiero que el Estado me escuche”, afirmó.
Dato
De acuerdo con la versión de Díaz Borges, son al menos 14 los pobladores asháninkas que han denunciado a los mismos operadores mineros ilegales. La defensora aseguró que, además de la deforestación y el vertido de residuos tóxicos en los ríos, las comunidades de la cuenca del Pachitea enfrentan constantes actos de violencia. “Esa gente viola, mata, secuestra y nadie hace nada. Como somos pobres, no hay justicia”, declaró ante los medios, responsabilizando a las autoridades locales por su falta de acción.
