La crisis que hoy atraviesa la comunidad educativa del colegio Virgen del Carmen de Huánuco no es un hecho aislado ni un problema meramente logístico. Es, en realidad, el reflejo más doloroso de una larga cadena de omisiones institucionales que siguen castigando a la educación pública regional.
A semanas de culminar el año escolar, los alumnos del Virgen del Carmen se ven obligados a abandonar el local provisional que ocupaban en el Instituto Tecnológico Aparicio Pomares (ISTAP), sin que la prometida infraestructura definitiva haya empezado a construirse, pese a contar con expediente técnico aprobado y priorizado. El traslado forzoso a un antiguo archivo institucional, improvisado como aulas, es la muestra más clara de un sistema que reacciona solo cuando la emergencia golpea la puerta.
El gerente regional de Desarrollo Social, Dennys Ríos Salazar, reconoció que el caso es “crítico” y anunció una reubicación temporal en un local alquilado en la zona de Matusita. Pero el anuncio no oculta el fondo del problema: la ausencia de planificación y la improvisación crónica en la gestión educativa regional.
Durante años, el colegio ha funcionado en sedes prestadas o inadecuadas. El uso del ISTAP fue fruto de un acuerdo informal, sin garantías de permanencia ni coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu), que finalmente ordenó la desocupación al iniciar su propio proyecto institucional. El resultado: cientos de estudiantes, padres y docentes desplazados de un día para otro, con su derecho a la educación vulnerado una vez más.
El nuevo local —alquilado por un año— pretende ser una solución provisional mientras se concreta la construcción del colegio. Sin embargo, no existe fecha de inicio para las obras. Según el propio gerente regional, el expediente técnico ya está concluido y se espera ejecutarlo bajo la modalidad de obra por impuestos, un mecanismo que depende del interés y financiamiento privado, todavía no asegurado.
Mientras tanto, padres y docentes se ven obligados a limpiar y adecuar el edificio, desplazando documentos y archivos para transformarlo en aulas. La escena es elocuente: donde debería haber gestión pública, hay voluntarismo ciudadano.
El Gobierno Regional de Huánuco tiene la obligación de garantizar condiciones dignas para la enseñanza, no de administrar parches. Cada decisión tardía y cada coordinación fallida se traduce en días perdidos de clases, en alumnos desmotivados y en una comunidad que siente que la educación sigue sin ser prioridad.
