Puerto Inca enfrenta un escenario de deterioro ambiental por actividades mineras ilegales, sin que hasta la fecha el Gobierno central haya declarado la zona en estado de emergencia. Así lo sostuvo la directora regional de Energía y Minas de Huánuco, Mercy Calderón Rodríguez, quien informó que la solicitud formal del Gobierno Regional continúa sin respuesta del Ejecutivo.
Según indicó Calderón, el pedido para la declaratoria fue remitido “hace varias semanas”, pero permanece aún en evaluación. La funcionaria aseguró que se ha reiterado la solicitud ante las instancias correspondientes, sin obtener una resolución definitiva. De acuerdo con sus declaraciones, este retraso se habría agravado por los recientes cambios políticos en el Ejecutivo, tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y la posterior asunción de José Jerí.
“Sí, se ha hecho la reiterativa”, manifestó Calderón al ser consultada sobre el seguimiento del expediente, aunque admitió que no recordaba la fecha exacta del último envío: “Exacto, no le puedo decir porque yo no estoy manejando la documentación”.
Fiscalizaciones aisladas no frenan expansión de minería ilegal
En paralelo al proceso administrativo, Calderón señaló que desde septiembre la Policía Nacional del Perú ha realizado intervenciones en Puerto Inca, como parte de un plan operativo contra la minería ilegal. “Cada sector tiene sus planes”, puntualizó, agregando que la Dirección de Energía y Minas también ha ejecutado acciones de fiscalización ambiental junto con otras entidades supervisores.
La directora afirmó que durante su visita a Puerto Inca el pasado 24 de septiembre, se llevaron a cabo capacitaciones macro-regionales y visitas de inspección. En esas jornadas, según declaró, se identificaron operaciones ilegales, las cuales fueron reportadas a la Fiscalía para que “tome las acciones correspondientes”.
Sin embargo, Calderón reconoció que aún no se dispone de un estudio técnico que cuantifique con precisión el daño ambiental causado por la minería informal en la zona, particularmente el acumulado durante la pandemia. “No, no hay todavía exacto, no hay cuánto”, afirmó en respuesta directa sobre esta información clave.
Pobladores respaldan minería ilegal y complican intervención estatal
Un aspecto que la funcionaria calificó como preocupante es el respaldo que parte de la población brinda a las actividades mineras ilegales. “Aparentemente ellos respaldan estos avances contra la minería ilegal”, comentó al referirse a las comunidades locales. Este apoyo social, según indicó, representa un serio obstáculo para las labores de fiscalización.
Calderón expresó que, en caso se concrete la declaratoria de emergencia, podrían implementarse alternativas económicas para los exmineros informales. No obstante, recalcó que actualmente no es posible desarrollar acciones de reconversión productiva sin el marco legal que brinda dicho estado de excepción. “Una vez que se declara el estado de emergencia se tienen que ver pues actividades que vayan justamente a apoyar”, declaró.
La Dirección Regional de Energía y Minas aseguró que existe disposición para trabajar de manera coordinada en la zona, pero también dejó entrever limitaciones de acción debido a la falta de herramientas jurídicas y presupuestales.
Debilidad institucional y falta de data agravan el escenario ambiental
Durante la entrevista, Calderón evitó brindar detalles específicos sobre los informes enviados al Ejecutivo o los plazos estimados para obtener una respuesta. Esta imprecisión, sumada a la falta de datos técnicos sobre el impacto ecológico, revela un panorama institucional debilitado frente a una problemática compleja.
La funcionaria admitió que algunas empresas o “administrados” han mostrado cumplimiento con las normas ambientales, aunque también señaló que otros casos presentan observaciones pendientes. No mencionó si estas observaciones derivaron en sanciones administrativas o acciones concretas.
Tampoco se precisó si existen denuncias penales interpuestas más allá de la remisión de documentos a la Fiscalía. Pese a tratarse de actividades ilegales con consecuencias ambientales, no se ofrecieron cifras, mapas de afectación ni planes de recuperación.
