Un funcionario firmó un acta de adjudicación sin ser parte del comité designado. El hecho, según autoridades del Gobierno Regional de Huánuco, se trataría de un “error involuntario” ya corregido, aunque la Fiscalía ha iniciado diligencias para determinar si existe responsabilidad penal. La controversia gira en torno a la supervisión del proyecto “Alameda de la República”, adjudicado por el gobierno regional en el marco de procesos regidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
Durante una entrevista realizada por Ahora, varios integrantes del equipo técnico regional ofrecieron explicaciones sobre lo ocurrido y negaron cualquier intención de manipular el proceso o beneficiar a algún postor. No obstante, hasta el cierre de esta edición, la Oficina de Contrataciones del Estado (OECE) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la validez del procedimiento. Las autoridades consultadas insistieron en que la firma irregular no tuvo efectos administrativos, pero aceptaron que la situación ha generado suspicacias públicas y cuestionamientos políticos.
Firma de acta fue realizada por funcionario no acreditado en comité
Según relató el subgerente de obras del Gobierno Regional, Jesús Medina Vargas, él firmó el acta de buena pro pese a no integrar el comité de selección encargado del procedimiento. Indicó que su acción obedeció a una confusión administrativa ante la premura del cierre de plazos y una alta carga de trabajo. “Reconozco que firmé el documento. Fue un error. Asumo la responsabilidad y estoy dispuesto a aceptar la sanción que corresponda”, expresó Medina.
El funcionario sostuvo que no hubo intención de suplantar funciones ni de intervenir en un proceso que no le correspondía. Aclaró que el error fue advertido internamente el 20 de octubre, y que al día siguiente se realizó la subsanación oficial mediante el formulario de rectificación en el SEACE. Añadió que esta corrección fue realizada antes de que el acta original generara efectos legales.
Gobierno regional afirma que el proceso se desarrolló conforme a ley
Luisiño Rosas Herrera, subgerente de estudios, explicó que el proceso contó con 14 postores inscritos, de los cuales solo dos presentaron propuestas válidas. El comité evaluó a ambos conforme a los criterios establecidos en las bases, y tras la evaluación técnica, se otorgó la buena pro a una de las empresas participantes. Según indicó Rosas, la participación del comité estuvo debidamente registrada y el acta oficial corregida cuenta con las firmas de los tres miembros habilitados: Rosas, Brian Pedraza y Josué Advíncula.
“El error material fue detectado por nosotros mismos y se corrigió antes de que existiera cualquier observación externa”, sostuvo el abogado del gobierno regional, Daniel Gutiérrez. Rechazó que exista una causal de nulidad y afirmó que el proceso fue legítimo en todas sus fases sustanciales. También indicó que el comité fue designado mediante resolución y que los miembros actuaron conforme a la ley.
Intervención fiscal ocurrió tras denuncias en redes sociales
La situación tomó mayor notoriedad pública tras la difusión de mensajes en redes sociales que denunciaban una supuesta irregularidad en el acta de adjudicación. A raíz de ello, la Procuraduría Anticorrupción y la Cuarta Fiscalía de Delitos de Corrupción se presentaron en la sede del Gobierno Regional el 23 de octubre para recabar información. Según Gutiérrez, para ese momento ya se había remitido la corrección al OECE y el acta original había sido reemplazada legalmente.
“Nosotros no ocultamos el error. Lo detectamos, lo subsanamos y lo informamos”, afirmó Gutiérrez, quien consideró “desproporcionada” la atención mediática del caso. A su juicio, se ha intentado generar un escándalo en base a una falla ya corregida. Sin embargo, reconoció que el Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares para evaluar la posible comisión de delitos como usurpación de funciones, negociación incompatible y otros vinculados a la función pública.
Autoridades niegan intencionalidad y cuestionan acusaciones de favoritismo
Durante la entrevista, los funcionarios regionales manifestaron su rechazo a las versiones que sugieren un supuesto favorecimiento hacia una empresa consultora. Jesús Medina calificó esas acusaciones como falsas y reiteró que su firma no obedeció a ningún tipo de presión. “Es mentira que el comité se haya negado a firmar. El acta válida está firmada por quienes debían hacerlo. Yo no soy parte del comité, lo reconozco, pero nunca actué con mala fe”, sostuvo.
Brian Pedraza, integrante oficial del comité, explicó que el error se habría originado por una equivocación del especialista encargado de redactar los documentos, quien habría remitido el acta para la firma sin verificar adecuadamente los cargos. “Nosotros hicimos nuestra labor como comité. La buena pro fue otorgada dentro del marco legal”, señaló.
Daniel Gutiérrez insistió en que no existen elementos objetivos que sustenten las imputaciones. “Toda la documentación está a disposición de la Fiscalía y del OECE. No hay nada que esconder. El error fue formal, no sustantivo”, declaró.
Gorehco asegura que colaborará con la investigación en curso
El Gobierno Regional de Huánuco, a través de su equipo técnico, expresó su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones que realiza el Ministerio Público. En declaraciones a este medio, sus representantes reiteraron que no existe perjuicio al procedimiento de contratación y que la entidad cumplió con remitir la documentación requerida.
“Rechazamos que se quiera politizar este hecho como si fuera un acto de corrupción”, señaló Gutiérrez. Añadió que hasta el momento no han recibido observaciones de la OECE sobre la validez de la adjudicación, y que esperarán su pronunciamiento oficial. Al ser consultado sobre eventuales sanciones internas, el gobierno regional señaló que ello dependerá del informe que emita la Oficina de Recursos Humanos.
