Proyecto médico acumula 18 años sin concluir y es cuestionado por presunta falta de control regional
La congresista Elizabeth Medina Hermosilla, durante su semana de representación, protagonizó una jornada de fiscalización en el Hospital de Tingo María que terminó en un enfrentamiento verbal con personal de salud y representantes del Gobierno Regional de Huánuco (GOREHCO). La parlamentaria señaló presuntas deficiencias en la infraestructura y funcionamiento del nosocomio, así como intentos de obstaculizar su labor de supervisión, mientras que la entidad regional respondió mediante un comunicado negando los señalamientos y denunciando una alteración del orden interno.
Deficiencias e incidentes durante la inspección
Según declaró Medina, la visita al hospital buscaba verificar denuncias ciudadanas sobre presunta negligencia médica ocurrida el 21 de octubre, cuando una joven habría fallecido durante una operación afectada por un corte de energía eléctrica. “Nos preocupa conocer si realmente existió ese hecho y si hubo responsabilidades médicas o administrativas. No podemos acusar sin verificar, pero la población exige respuestas”, indicó la legisladora.
La parlamentaria explicó que la inspección formaba parte de sus actividades de representación y no de una comisión congresal formal. “No encontramos ni al director ni a ningún jefe encargado. El hospital parecía abandonado. Había consultorios cerrados y equipos que, según el personal, no funcionan desde hace meses”, señaló.
Medina aseguró que la visita derivó en un altercado con el director del hospital, quien —según relató— habría intentado impedir su ingreso. “Me gritó que nadie podía entrar y que este hospital no era propiedad de nadie más. Le expliqué que esta obra lleva más de 18 años y ya supera los 267 millones de soles, y que mi deber es fiscalizar cómo se usa el presupuesto público”, comentó.
La congresista también denunció agresiones verbales de un grupo de personas identificadas como trabajadoras del Gobierno Regional. “Una portátil vino desde Huánuco para obstaculizar mi trabajo, insultarme y crear desorden. Todo está grabado”, manifestó, agregando que formalizó una denuncia policial por esos hechos contra el director del hospital y una funcionaria regional.
Gorehco rechaza acusaciones y denuncia alteración del orden
Horas después del incidente, el Gobierno Regional de Huánuco emitió un comunicado oficial en el que rechazó las versiones difundidas por la parlamentaria y aseguró que la visita no siguió los procedimientos establecidos. En el documento, el Gorehco sostiene que la presencia de Medina “habría generado desorden, un ambiente de bullicio y alteración del normal desarrollo de la atención de pacientes en áreas de emergencia, consultorios externos y otros ambientes”.
La institución también señaló que se habrían producido “agresiones verbales y físicas contra una menor de edad”, hecho que motivó el inicio de denuncias ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. “La función de fiscalización parlamentaria es legítima dentro del marco constitucional, pero no autoriza el ingreso intempestivo y desordenado a un hospital, afectando el normal funcionamiento de las actividades del personal de salud y, sobre todo, de pacientes en situación de vulnerabilidad”, indicó el comunicado.
El Gobierno Regional subrayó que la inmunidad parlamentaria no exime de responsabilidad ante eventuales vulneraciones éticas, institucionales o civiles. Asimismo, invocó al Congreso de la República y a la Comisión de Ética Parlamentaria a evaluar la conducta de la congresista por la presunta afectación de la tranquilidad y privacidad de pacientes. “Estos actos vulneran derechos fundamentales como la discreción del estado de salud y la confidencialidad de la información médica”, añadió la entidad.
Obra hospitalaria inconclusa y cuestionamientos de ambas partes
El proyecto del Hospital de Tingo María fue iniciado hace más de 18 años con un presupuesto inicial de 90 millones de soles. Según la información difundida por la congresista Medina, el costo actualizado supera los S/ 267 millones, y pese a diversas intervenciones de la Contraloría General, aún no ha sido concluido ni plenamente operativo. “Queremos verificar si los informes de la Contraloría reflejan la realidad. No podemos permitir que una obra de esta magnitud siga inconclusa mientras la gente muere por falta de atención”, enfatizó.
Por su parte, el Gobierno Regional remarcó que respalda plenamente al personal médico y administrativo del hospital, asegurando que las actividades se desarrollan conforme a las normas de salud y seguridad. “Brindamos todo nuestro respaldo institucional a las víctimas y efectuamos acciones para garantizar su protección, así como su derecho a la reserva de la información médica”, sostuvo la institución.
El comunicado regional finaliza exhortando al Estado a reforzar la supervisión en los establecimientos de salud “para que ninguna autoridad política vulnere el derecho a la salud, la paz institucional ni la integridad de las personas en tratamiento”.
Dato:
La congresista anunció que, tras recopilar la documentación del caso, solicitará al Ministerio de Salud y a la Contraloría General un informe sobre el avance real de la obra hospitalaria. “Si se comprueba que hubo irregularidades o desidia administrativa, pediremos las sanciones que correspondan”, afirmó.
