La falta de pago por el servicio de agua en el centro poblado de Marabamba ha generado preocupación en las autoridades locales, ante el riesgo de que se afecte el mantenimiento de la infraestructura hídrica que abastece a miles de familias. La alcaldesa Candy Rucoba manifestó que la morosidad compromete la sostenibilidad del sistema, pues los ingresos por tarifas familiares son el único fondo disponible para cubrir los costos operativos y de reparación.
Exautoridades y candidatos figuran en lista de deudores
De acuerdo con los registros municipales, entre los principales morosos figuran el exalcalde Antonio Rivera y varios aspirantes a la alcaldía. Las actas de cobro señalan que Rivera mantiene una deuda acumulada desde 2023, pese a tener una tarifa mensual de cinco soles. Vecinos del sector han señalado que el exfuncionario cuenta con piscina y jacuzzi en su vivienda, lo que ha despertado críticas por la aparente falta de voluntad de pago. Rivera no ha emitido declaraciones públicas sobre este caso hasta el cierre de esta edición.
Otras personas identificadas en la lista de deudores son David Mallqui Albornoz, Herminio Daga Salgado y Gonzalo Carrasco. Según información municipal, en total, cerca de 200 vecinos no han efectuado ningún pago desde 2023. La municipalidad indicó que los nombres fueron verificados conforme a los registros del comité de agua y al sistema local de cobranza.
Infraestructura hídrica en riesgo por falta de aportes
Marabamba, que lleva ocho años como centro poblado y más de un siglo como comunidad, atraviesa un crecimiento acelerado y alberga actualmente a unas siete mil familias. Los técnicos del proyecto de agua y desagüe subrayaron la importancia de que los usuarios mantengan al día sus pagos para asegurar la continuidad del servicio. “Estamos haciendo un filtro de personas”, declaró un funcionario municipal. “Algunos vecinos han abonado parte de los recibos de 2023 y 2024, pero aún existen deudas importantes”, añadió.
La autoridad local advirtió que sin un nivel adecuado de recaudación no se podrán realizar las reparaciones necesarias ni financiar la ampliación del sistema de distribución. En respuesta, se evalúa la posibilidad de aplicar sanciones administrativas o cortes temporales del servicio a los usuarios que mantengan deudas prolongadas, aunque todavía no se ha adoptado una medida oficial.
