Colegio de Abogados advierte sobre violaciones al Código Penal en Huánuco
El uso simultáneo de funciones públicas y representación privada estaría generando serias alertas legales y éticas en Huánuco. Así lo advirtió un representante del gremio legal regional, tras observar una práctica que, de comprobarse, podría constituir delito penal.
Según lo expuesto recientemente, algunos abogados que laboran en áreas de Asesoría Legal de instituciones públicas estarían patrocinando, de manera paralela, a trabajadores del mismo sector —principalmente en educación— lo que generaría un conflicto de intereses con posibles implicancias penales.
Colegio de Abogados advierte sobre posible patrocinio ilegal
De acuerdo con Hernán Cajusol Chepe, decano del Colegio de Abogados de Huánuco, esta conducta configuraría un “patrocinio ilegal”, una figura sancionada por el artículo 385 del Código Penal. Esta disposición establece penas de hasta dos años de prisión para los funcionarios públicos que defienden intereses privados ante la administración pública.
Cajusol precisó que un abogado al servicio del Estado “no puede representar intereses que se opongan a la institución para la que trabaja”. Asimismo, recordó que el ejercicio de defensa está permitido únicamente en causas personales o de familiares directos, conforme a los límites que establece la ley vigente.
“La norma es clara: no puedes ponerte del lado contrario a tu entidad. Eso vulnera la imparcialidad del cargo y expone a nulidad todo lo actuado”, manifestó el decano en declaraciones públicas.
Procesos podrían ser anulados y abogados sancionados
El Colegio de Abogados alertó también que los procesos judiciales en los que participen estos letrados podrían ser objeto de cuestionamientos legales. De comprobarse el conflicto de interés, los actos procesales podrían ser declarados nulos, afectando no solo la validez del procedimiento, sino también los derechos de las partes involucradas.
Además de las consecuencias penales, Cajusol señaló que los involucrados podrían enfrentar medidas disciplinarias dentro de sus respectivas instituciones y ser sancionados por el propio Colegio de Abogados. Entre las sanciones se incluye la suspensión temporal o, en casos graves, la expulsión del gremio.
“La práctica del patrocinio ilegal no solo compromete la legalidad de los procesos; también daña la confianza ciudadana en las instituciones públicas”, declaró Cajusol Chepe, exhortando a las entidades estatales a reforzar sus mecanismos de control interno y evitar que este tipo de irregularidades se normalicen en el aparato administrativo.
