Dirección Regional de Vivienda alerta sabotaje al cloro por riego agrícola, falsificación de reportes oficiales y resistencia comunitaria a cuotas básicas
La cobertura de agua segura en las zonas rurales de Huánuco se enfrenta a un triple problema que, según advertencias de la Dirección Regional de Vivienda, pone en riesgo directo la salud de miles de familias. De acuerdo con declaraciones de Fernando Gutiérrez Chocano, director del sector, comunidades enteras estarían boicoteando la cloración del agua para priorizar su uso en cultivos, mientras algunos gobiernos locales manipulan datos oficiales para simular el cumplimiento de metas y gran parte de la población se niega a pagar siquiera un sol por el servicio.
“Hay pobladores que impiden que se clore el agua porque ‘malogra sus plantas’. Eligen regar antes que consumir agua segura”, indicó Gutiérrez, al explicar que esta práctica se presenta en varias localidades de la región. La autoridad reconoció que el uso agrícola del agua ha desplazado en muchos casos la prioridad sanitaria del recurso, situación que calificó como una amenaza estructural de salud pública.
Según detalló, actualmente solo el 35% al 37% de los sistemas de agua rurales está en condiciones aceptables. El resto está calificado como regular, incompleto o colapsado, mientras la brecha se mantiene debido a limitaciones presupuestales y escasa sostenibilidad financiera.
La Dirección distribuye cloro y tanques
En respuesta a este panorama, la Dirección Regional de Vivienda ha iniciado —según afirmó Gutiérrez— una distribución directa de cloro, tanques, herramientas y equipos de limpieza para fortalecer sistemas colapsados o en riesgo. El funcionario señaló que esta dotación no tiene precedentes y busca llegar a distritos que no han sido cubiertos por otros programas nacionales.
“Estamos interviniendo en las zonas que no han recibido cloro del PNCR. También les entregamos kits de limpieza y apoyo a sus operadores”, declaró. No obstante, aclaró que la entrega está condicionada a que los gobiernos locales remitan actas firmadas y paneles fotográficos que certifiquen la instalación y el uso adecuado de los insumos.
Pero incluso con este soporte técnico y logístico, el director reconoció que existe una resistencia activa en muchas comunidades. “Hay localidades donde no quieren que se use el cloro, porque el agua es destinada al riego. No hay una conciencia clara de la necesidad de agua segura para consumo humano”, puntualizó.
La autoridad llamó la atención sobre la necesidad urgente de educación sanitaria, que según dijo, se articula con los sectores de Salud y Educación, pero que aún no logra transformar ciertos patrones culturales en el ámbito rural.
Pagos simbólicos de 50 céntimos
Uno de los nudos estructurales que —según Gutiérrez— agrava la situación es la resistencia al pago de las cuotas familiares, que deberían financiar el mantenimiento del sistema. La Dirección estima que el monto mínimo requerido para la sostenibilidad es de 10 a 12 soles mensuales por familia, pero en la práctica, muchas comunidades exigen que se cobre solo 50 céntimos o incluso nada.
“Así no se puede sostener ningún sistema. La gente exige servicio, pero no quiere asumir su parte”, afirmó el funcionario, al recalcar que la sostenibilidad no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino de la población organizada a través de las JASS (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento).
El director señaló que se vienen implementando planes de negocio comunitarios para ayudar a las JASS a sostenerse económicamente, pero advirtió que los avances son lentos. “La idiosincrasia rural es muy compleja. Estamos trabajando con todos los actores, pero no es fácil cambiar hábitos instalados por décadas”, expresó.
Denuncian manipulación de datos
La Dirección Regional de Vivienda también identificó un hecho que calificó como gravísimo: la manipulación intencionada de información oficial en el sistema DATASS, que clasifica los sistemas de agua potable según su estado (bueno, regular, incompleto o colapsado).
“Algunos municipios cargan datos falsos solo para cumplir metas. Declaran que el sistema está ‘bueno’ cuando en campo está incompleto o incluso no operando”, denunció Gutiérrez. En respuesta, su despacho ha dispuesto que los gobiernos locales firmen declaraciones juradas, bajo responsabilidad legal, asumiendo la veracidad de los datos cargados en el sistema.
Además, el director exhortó a los gobiernos municipales a garantizar la permanencia de los responsables técnicos (ATM) por al menos un año fiscal, para evitar que la capacitación y continuidad operativa se vea interrumpida por cambios políticos o administrativos.
“El problema no solo es técnico, también es político. Muchas veces capacitamos a un técnico y luego lo cambian por una decisión del alcalde. Todo ese trabajo se pierde”, explicó.
