Los testimonios que emergen desde la margen izquierda del río Pachitea reflejan una situación que va más allá de una disputa por terrenos. Se trata de un conflicto que expone, nuevamente, las grietas profundas del abandono estatal en zonas rurales. Más de 30 familias aseguran estar siendo amenazadas por sujetos armados vinculados a presuntos poseedores de un predio de 500 hectáreas, ubicado a 40 minutos de Puerto Inca, quienes —según denuncias— habrían obtenido constancias de posesión mediante procedimientos irregulares.
Francisco Córdova, presidente comunal, ha señalado que los documentos fueron emitidos sin inspección previa ni presencia de técnicos en el lugar. Acusa directamente al director regional de Agricultura en Puerto Inca, Sixto Arce Cárdenas, de firmar estas constancias a espaldas de los ocupantes actuales, quienes aseguran haber trabajado la tierra desde 2019. El problema ha dejado de ser un asunto administrativo. Según Córdova, las personas que se presentan como poseedores estarían movilizando a terceros armados y con el rostro cubierto, generando miedo, destrucción de viviendas y daños a cultivos.
La situación descrita pone en evidencia un patrón que no es nuevo en el interior del país: la superposición de derechos en tierras que, durante años, han sido trabajadas por comunidades sin títulos formales, frente a terceros que obtienen documentos administrativos sin verificación técnica ni consulta a los ocupantes. A este problema se suma la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades regionales. La delegación comunal que viajó a Huánuco con la esperanza de ser escuchada no fue recibida por ninguna autoridad, pese a tener una cita programada.
El caso no puede minimizarse. Si se confirma que las constancias fueron otorgadas sin sustento legal, es urgente que el Gobierno Regional y el Ministerio de Agricultura inicien una investigación interna, anulen los documentos emitidos y reconozcan el derecho posesorio de quienes ocupan y trabajan la tierra desde hace años. La comunidad ha solicitado una intervención inmediata para evitar que la tensión escale en violencia, un escenario cada vez más probable si se sigue ignorando el problema.
Este conflicto en Pachitea es un reflejo de cómo la debilidad institucional y la informalidad administrativa pueden desembocar en situaciones de riesgo para poblaciones enteras. La falta de presencia del Estado no solo abandona a quienes viven del trabajo agrícola, sino que crea las condiciones para que impere la ley del más fuerte. Las autoridades no pueden seguir actuando con indiferencia.
La paz social también se construye con justicia y presencia oportuna. Y en este caso, ambas siguen ausentes.
