El presidente José Jerí sorprendió al país al declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, en un mensaje a la Nación de apenas 46 segundos. Sin preámbulos ni rodeos, el mandatario anunció la medida “para enfrentar la inseguridad y devolver la tranquilidad a los ciudadanos”, sin detallar alcances ni responder preguntas de la prensa.
El decreto, publicado minutos después en El Peruano, entra en vigencia desde la medianoche e implica el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las principales zonas críticas de la capital.
El anuncio, tan breve como contundente, generó expectativa y preocupación. El Gobierno no incluyó toque de queda, pero dispuso restricciones severas: se prohíbe la circulación de dos adultos en motocicleta, se limitan las reuniones masivas y se ordenan operativos de control de identidad y patrullajes intensivos en paraderos, estaciones y zonas con alta incidencia delictiva.
Además, se establecen restricciones de visitas en los penales, donde solo se permitirá una por semana para internos del régimen cerrado ordinario y una cada quince días para los del régimen especial.
Fuentes del Ejecutivo señalaron que el decreto fue aprobado tras una reunión del Consejo de Ministros realizada este lunes 21 de octubre. Jerí habría exigido resultados inmediatos frente al incremento de delitos violentos, sicariatos y extorsiones que han detonado una creciente ola de protestas ciudadanas.
La resolución oficial precisa que la Policía Nacional del Perú será la autoridad responsable del orden interno, con el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas, bajo un esquema de fuerzas combinadas que incluirá también a los serenazgos municipales.
Estas unidades realizarán patrullajes coordinados, control territorial y operativos de búsqueda de requisitoriados, según los mapas del delito elaborados por el Comando Conjunto de Operaciones (CCO).
Entre las medidas más llamativas está el apagón eléctrico en celdas penitenciarias para combatir las telecomunicaciones ilícitas. Las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo el desmontaje y destrucción de antenas ilegales, mientras se refuerza el control interno en los establecimientos carcelarios.
Aunque el presidente Jerí evitó brindar declaraciones adicionales, el impacto político y social de la decisión ya se siente. Diversos sectores de la oposición han cuestionado el silencio del Gobierno y la falta de explicaciones sobre los criterios que definirán las zonas de intervención. En tanto, ciudadanos y gremios empresariales esperan que esta vez las acciones no se queden en el papel.
El mensaje, breve pero contundente, marca un punto de inflexión en la gestión de Jerí, quien busca recuperar autoridad en medio de la crisis de seguridad más grave de la última década.
